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AGIOTISMO, ABUSO O ENRIQUECIMIENTO ILICITO

Posted by Ejecutivos BCS on 15 Ee noviembre Ee 2011 a las 11:55

Por Ricardo Mancilla Rangel

 

Como denominarlo no podría precisarlo, pero de lo que sí estoy seguro es que es un abuso, y me refiero al comportamiento de las empresas telefónicas en especial TELMEX así como las de telefonía celular (TELCEL, MOVISTAR, IUSACELL, TEL NOR etc.), sin excepción, y las compañías de venta de televisión por cable.

 

Todas desde que fueron creadas, hábilmente han ofrecido sus servicios a través de contratos leoninos, amañados y por supuesto abusivos, en donde impera el carácter de ganar ganar para el empresario a costa de la economía familiar por la prestación de un servicio necesario, independientemente de ser en su tipo los servicios más caros del mundo comparado con los que se ofertan en otros países.



 

Mire usted, cuando contrata esos servicios le solicitan “con mucha amabilidad” que firme un contrato que por uso y costumbre no leemos en su totalidad, en especial cuando la letra es pequeña y consta de docenas de artículos muchos de ellos incomprensibles, el caso es que entre las condiciones que se pactan en ese contrato entre usuario y prestador de servicio, se establece que ese servicio es por concepto de renta bla bla bla bla de forma tal que cuando el usuario no tiene los recursos para pagar a tiempo, lejos de establecer una penalidad de pago de intereses comerciales que establece las regulaciones financieras y bancarias por ley, estas empresas cortan de manera muy oportuna y expedita el servicio, pero siguen cobrando y acumulando su cuenta por concepto de “renta” sin que el usuario reciba el servicio por el que están cobrando.

 

Considere que todo contrato de prestación de servicios debe de quedar sujeto a un pago de parte del receptor de ese servicio y una contraprestación del servicios por parte de la empresa ofertante del servicio, si el bien o el servicio no se recibe no puede existir justificación de pago por razón natural de no pagar algo que no fue recibido.

 

Podrá usted imaginar las utilidades que esto reporta a esas empresas, no por nada Slim es uno de los hombres más ricos del mundo. Ahora bien, se preguntará por qué esos contratos cumplen esa condición, muy fácil, porque la autoridad respectiva no hace nada por cambiarlos, ¿en dónde está PROFECO? que es el responsable de revisar y autorizar los contratos de prestaciones de servicios de cualquier empresa de acuerdo a la ley.

 

Podríamos pensar varios escenarios de parte de la autoridad, hace caso omiso a su responsabilidad y obligación de actuar en defensa de los usuarios y atender los intereses de los ciudadanos que requieren ese tipo de servicios, o por complicidad, contubernio o ignorancia no actúa; yo me inclinaría por todas las opciones, hacen caso omiso porque están cómodamente recibiendo un salario hagan o no hagan su trabajo, por complicidad con esas empresas que les reditúan pingues ganancias por concepto de la clásica mordida para hacerse de la vista gorda, por contubernio pues avalan esos contratos con su actitud pagada, y por ignorancia porque estoy seguro que más de alguno de esos funcionarios no sabe que es una de sus tantas responsabilidades, tales como la defensa de los intereses legítimos de un ciudadano y que para ello le pagan.

Valdría la pena sopesar la posibilidad de organizar a la sociedad para demandar primero a la autoridad por su incumplimiento y solicitar que se aplique la ley de responsabilidad de los servidores públicos y en segundo lugar sin que esto signifique orden de importancia, demandar a las empresas para que resarzan los dineros que han cobrado sin la debida prestación del servicio y acabar con el abuso que eso significa.

 

Si echamos un vistazo al Código Civil Federal nos percataremos de lo siguiente:

 

Artículo 1795.- El contrato puede ser invalidado:

 

II. Por vicios del consentimiento;

 

IV. Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece.

 

Artículo 1797.- La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.

 

Artículo 1812.- El consentimiento no es válido si ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo.

 

Artículo 1833.- Cuando la ley exija determinada forma para un contrato, mientras que éste no revista esa forma no será válido, salvo disposición en contrario; pero si la voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede exigir que se dé al contrato la forma legal.

 

Y muchos artículos más que nos hacen ver la forma amañada y de mala fe con que estas empresas actúan, pero a quién le interesa cancelar un contrato, a nadie, porque son servicios necesarios y todas las empresas actúan de la misa forma dolosa, de tal forma que sólo queda un camino, exigir a los legisladores y a las dependencias responsable que hagan lo suyo y no permitan más que los mexicanos sigan siendo estafados de manera tan descarada y vil, bastante tenemos con la crisis que sufrimos para estar soportando el robo millonario que hacen esos empresarios, malos mexicanos.

 

Lo anterior es una de tantas cosas que hay que revisar y me refiero a los contratos de crédito de las tiendas departamentales.

Categorías: Ejecutivos BCS Noviembre 2011

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1 Comment

Responder liz
11:11 Eel 16 Ee noviembre Ee 2011 
Para nuestra desgracia, nuestra ley admite los famosos contratos de adhesión, los cuales son calificados por la PROFECO y registrados ante esta misma autoridad, estos contratos son formatos previamente diseñados y no son susceptibles de cambios o modificaciones a la hora de firmarlo las partes, es decir, es un machote de contrato y si tu estás interesado en disfrutar del servicio que se te está ofreciendo, no tienes más opción que firmar este contrato, con todas sus clausulas y condiciones preestablecidas de manera unilateral por el prestador de servicios.
Lo malo de todo esto es que por necesidad firmamos ese tipo de contratos, muchas veces sin siquiera saber lo que firmamos y justamente de eso abusan las compañías prestadoras de diversos servicios.
Los contratos de adhesión que no están registrados ante la PROFECO, no tienen validez.

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