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COSTAS MEXICANAS PARA LOS EXTRANJEROS

Posted by Raymundo Leon Verde on 9 Ee mayo Ee 2013 a las 11:55

Por Diana Cuevas

 

La dictaminación a favor de la cámara de diputados de la venta de tierras, para uso de vivienda sin fines comerciales, a extranjeros a 50 kilómetros de las playas es una estrategia de legalización de la entrega del territorio mexicano al mejor postor.

El caso de la península de Baja California es excepcional, pues es una delgada lengua de tierra rodeada de mar cuya anchura en promedio es de 100 kilómetros, de ser aprobadas las modificaciones por el Senado se correría el riesgo de que su población quede desplazada por completo.

A esta situación hay que sumar que gobernantes y representantes empresariales del estado han recibido la medida con los brazos abiertos en lugar de reflexionar sobre las consecuencias que ello acarrearía social, económica, ambiental y culturalmente para el territorio sudpeninsular.

La iniciativa, que pretende reformar la fracción I del artículo 27 constitucional fue presentada el 3 de agosto de 2012 y su dictamen aprobado el pasado 18 de abril, es decir, en menos de un año. Sus promoventes fueron Gloria Elizabeth Núñez Sánchez y Manlio Fabio Beltrones Rivera del PRI, así como Raúl Paz Alonzo del PAN.


Dependencia a Estados Unidos

Entre otros argumentos, destacaron que en el siglo XXI el peligro de invasión extranjera (principal motivo que habría hecho al constituyente de 1917 declarar como zonas prohibidas los 100 kilómetros de tierra después de las fronteras y a 50 de las costas) no es real como en el siglo XIX, además de que en la práctica este mandato legal se elude con la creación de fideicomisos.

Por supuesto que los países extranjeros no necesitan una invasión militar para hacerse de los recursos naturales si existen legisladores que los entregan con sólo levantar un dedo, resulta una maniobra sutil y efectiva.

Si bien se respetó en la iniciativa que los extranjeros deben comprometerse a no invocar la protección de sus gobiernos, en cuyo caso contrario perderán sus bienes, sabemos que, por ejemplo en el caso de Estados Unidos (país que más inversión extranjera en turismo tiene en BCS, seguido de España), son de prioridad nacional los intereses de sus ciudadanos.

Entonces se correría el riesgo de que los complejos residenciales inmobiliarios se conviertan en enclaves extranjeros donde priven los intereses no nacionales, algo similar planteó en su voto particular el diputado Ricardo Mejia Berdeja, del partido Movimiento Ciudadano, al mencionar que con la fachada de “casas habitación” centros de espionaje e inteligencia “podrían ensanchar de golpe y porrazo a las fronteras o la zona de seguridad de la potencia extranjera obsesionada con su perene agenda de seguridad nacional”.

Para María Luisa Cabral Bowling, Investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), este dictamen llega en un momento en que el país es vulnerable a condiciones no favorables del país del norte.

“Existe un repliegue de Estados Unidos, frente al surgimiento de otras potencias y en América Latina la desaparición de su influencia determinante en Sudamérica, y una profundización de su control en Centroamérica, el Caribe y México. Sobre todo México, que está siendo utilizado en todos sentidos como su colchón en mano de obra barata y receptor de inversiones desreguladas”, expresó.

Además, tanto para Mejia Berdeja como para Cabral Bowling es claro que la iniciativa a su vez forma parte de las reformas estructurales del Pacto por México que obedecen “más a los intereses estadounidenses y a la crisis económica que desataron desde el 2008 que a los intereses de la sociedad mexicana”, señaló la catedrática.


Las posturas

Ahora bien, la mayoría de los representantes populares y el sector empresarial en el estado están más preocupados por la seguridad de la inversión de los extranjeros asegurando que ello traerá mayor desarrollo.

El diputado federal Francisco Pelayo Covarrubias (PAN) dijo que los extranjeros no compran tierras por temor a ser víctimas de fraude y que con esta medida habrá certeza en las transacciones, además instó a los sudcalifornianos que poseen tierras cercanas a las costas a venderlas, pues ello significará una mejora en sus ingresos, “es una opción de venta para los ejidatarios y propietarios de tierras que todo el mundo se venga a vivir a BCS”.

Por su parte, Marcos Covarrubias Villaseñor, gobernador del estado, prefirió no opinar argumentando que no tenía suficiente información al respecto pues “no me he metido más a fondo en el tema”, sin embargo quien lo hizo en su lugar fue el secretario de Turismo, Rubén Reachi, quien expresó que con ello “se abre una ventana de oportunidades para el sector inmobiliario y habrá “mayor generación de riqueza para todos”.

Otro de los argumentos es el que tiene que ver con el hecho de que la concesión de derechos a extranjeros ya existía a través de los fideicomisos, como Pelayo Covarrubias quien incluso señaló que “no se cambia nada”.

Tanto el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) como la Asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas de La Paz (Emprhotur), a través de sus presidentes, Octavio Reséndiz Cornejo y Agustín Olachea Nogueda se congratularon y aplaudieron la medida que aseguran dinamizará la industria turística.

Como medida de consuelo para garantizar el acceso a las playas quedará, “ la coordinación que establezcan los gobiernos estatales y municipales con los desarrolladores” como lo señaló Alberto Treviño Angulo, presidente de la Comisión de Turismo del congreso local.

Por su parte, Alfredo Zamora, diputado federal (PAN) quien se negó a aprobar la iniciativa argumentó que las condiciones actuales de cesión de derechos a través de los fideicomisos no ha inhibido el desarrollo en las zonas costeras, además agregó que hay países muy desarrollados que, sin limitar la inversión extranjera, están cuidando su territorio. “Ellos tienen un equilibrio, algo que debemos buscar los mexicanos”, expresó.


Manejo de costas

El dejar de lado demás actividades productivas costeras (pesqueras, acuacultura, portuaria y comercial, de conservación), por poner como prioridad el crecimiento del sector inmobiliario hace vulnerable nuestra economía, como si no hubiésemos aprendido de la crisis de 2008 que frenó al sector de la construcción hasta el 80% en Los Cabos.

La medida también correría el riesgo de impedir el manejo integral de las costas, su búsqueda de desarrollo equilibrado, la distribución de la riqueza, el derecho al medio ambiente adecuado y la conservación de sus recursos.

La Ley de Costas, promovida por el Senado de la República durante la legislatura pasada, plantea que la administración de los litorales debe ser un asunto de prioridad nacional debido al bienestar que genera para las poblaciones aledañas, “el dictamen da al traste con estos esfuerzos”, comentó Javier Obregón Espinoza, ex senador petista e impulsor de dicha ley.

“Se trata de un error terrible que va afectar a todo el territorio nacional, al grueso de la población, solamente por la persecución de unos cuantos intereses económicos”, agregó.


El sector inmobiliario, sin dinero, sin tierra

Cabral Bowling comentó que la figura de los fideicomisos se había permitido “para que surgieran proyectos productivos y se crearan empleos y la famosa derrama, que ya sabemos que es las migajas para acá y las grandes ganancias para allá. Y los negocios productivos que surgieron fueron los negocios inmobiliarios”.

Sobre la ganancia inmobiliaria generada por extranjeros no hay certeza de que se reinvierta en el país, pues no existen candados que restrinjan a transferencias de capitales, lo que sucede es que se regresa a su lugar de origen.

Por otro lado, la presión sobre la tenencia de la tierra costera en BCS ha dado origen a conflictos entre extranjeros, como ejemplo la investigadora señaló el pleito por la propiedad de Punta Arena de La Ventana. A nivel estatal ocupamos los primeros lugares en delitos por despojo.

También es cada vez más frecuente que los sudcalifornianos encuentren, en las zonas de playa cercanas a propiedades privadas, letreros que prohíben el paso, incluso hay reportes de gente armada vigilando los accesos, ¿Si esto sucede ahora, qué podemos esperar de aprobarse las modificaciones a la constitución?.

Las consecuencias de la compra de mejores tierras las vemos con el desplazamiento de la población local de las zonas costeras y la polarización de la riqueza que surge entre el bienestar al que pueden acceder los extranjeros y los nacionales.

El diputado Treviño Angulo habría puesto como ejemplo de éxito de desarrollo al complejo inmobiliario La Querencia, “la más cara, exclusiva y lujosa comunidad” donde los costos de las viviendas van desde los 950 mil a los 14 millones de dólares.

Pero fuera de este complejo existe una población “desarrollada” que no tiene ni un peso para comprar un hogar y que se ve obligada a invadir terrenos privados y carece de servicios públicos, como una vez me describiría uno de ellos “es como vivir debajo de un árbol”.

Categorías: Ejecutivos BCS Abril 2013

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