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INOPERANTE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE BCS

Posted by Ejecutivos BCS on 15 Ee noviembre Ee 2011 a las 12:00

Por Diana Cuevas

 

Como consecuencia de un Consejo incompleto y escaso presupuesto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) se encuentra enfrascada y prácticamente se ve impedida para llevar a cabo su tarea de defensora de los sudcalifornianos frente al abuso de poder por parte de autoridades y servidores públicos.

 

Escaso presupuesto y demandas millonarias


De acuerdo al Presidente de la CEDH, Ramón Meza Verdugo, el escaso presupuesto otorgado por el gobierno del estado prácticamente se consume en la plantilla laboral, dejando de fuera el financiamiento a programas y actividades de promoción y estudio de los derechos humanos en el territorio estatal.



 

Este año el monto asignado fue de 5 millones 800 mil pesos, de los cuales el 88% será destinado al pago de salarios y prestaciones para los casi 30 trabajadores de la institución, dentro del 12% restante se encuentran los recursos destinados para los programas de difusión a la par que los gastos en materiales, suministros y servicios generales.

 

Con este monto, además, las representaciones de la CEDH en Bahía Tortugas, La Bocana, Santa Rosalía, Constitución y Los Cabos se encuentran trabajando prácticamente en el aislamiento, dificultándose labores de inspección a campos agrícolas porque es imposible el traslado de personal en vehículos sin combustible y sin viáticos para su desempeño.

 

“Hemos solicitado al Congreso del estado un incremento del 100% para el ejercicio presupuestal de 2012. Actualmente estamos enfrentando dificultades para concluir la administración, pues ya hemos ejercido el 81% del presupuesto, por eso también hemos pedido una ampliación de 1 mdp, para terminar diciembre”, agregó Meza Verdugo.

 

Por si fuera poco, derivado de juicios laborales, la CEDH prácticamente se encuentra endeudada con tres de sus trabajadoras, por lo que debe ocuparse de hacer trabajos de conciliación e indemnizaciones.

 

Se le debe casi 1 millón 600 mil pesos a la actual consejera, Alicia Núñez Escobar, a quien se le despidió injustificadamente cuando laboraba en la institución como secretaria técnica bajo la presidencia de Jordán Arrazola Falcón, la cifra “es tan elevada que ni siquiera hemos podido negociar”, expresó Meza Verdugo.

Los tribunales también se encuentran próximos a dictar sentencia sobre las demandas de Rebeca Lizeth Buen Rostro y Gabriela Carrillo. La CEDH espera un resultado adverso, por lo que deberán pagar un monto total aproximado al de Núñez Escobar.

 

Desempeño y recomendaciones

 

Al mes de noviembre de este año, la CEDH había recibido 344 quejas, de las cuales 243 correspondieron al municipio de La Paz, 53 a Los Cabos, 27 a Comondú y 21 a Mulegé. Se han emitido tres recomendaciones de las cuales solamente dos han sido aceptadas.

 

Por orden de importancia, las autoridades que más violaciones a los derechos humanos cometen son la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Policía Ministerial y los agentes del Ministerio Público.

De acuerdo al último informe de la CEDH, correspondiente al cuarto año de administración de Arrazola Falcón en 2009 –pues en 2010 no presentó informe Miguel Ángel Ramos Serrano-, las violaciones más frecuentes son las detenciones arbitrarias, golpes, tortura, robo y allanamiento de morada.

 

Para el presidente del Colegio de Abogados de Baja California Sur, Matías Amador Moyrón, “pese a los esfuerzos de las autoridades por capacitar a sus elementos, estas acciones siguen cometiéndose, lo que ocasiona que la ciudadanía tenga una mala impresión de sus servidores públicos”.

 

Además de recomendar procedimientos de sanciones administrativas a los responsables, la CEDH ha solicitado mayor capacitación para el respeto de las garantías individuales de las personas y uso proporcional de la fuerza a las instituciones policíacas.

 

Sin embargo, debido a que no existe una obligatoriedad judicial, las recomendaciones pueden ser acatadas, o no, por las instituciones de gobierno que han cometido atropellos contra los ciudadanos a quienes tienen la obligación de servir.

 

“La ilegalidad en el comportamiento de las autoridades fomenta una sociedad insegura y desconfiada. Una sociedad así, equivale a vivir en un estado salvaje”, puntualizó Amador Moyrón.

 

La composición y funcionamiento del Consejo en manos del Congreso

 

Se espera que en breve el Congreso del estado vote las ternas para suplir las vacantes de los ex consejeros José Bernal Romero y José Sández Lucero, quienes renunciaron para ocupar cargos públicos como Delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) y delegado de San Juan de Los Planes del municipio de La Paz respectivamente.

 

Un consejero más, Eduardo Ramírez Garza, se ha amparado contra lo que considera una violación a su periodo como consejero, pues el presidente de la CEDH ha pedido su renuncia por considerarlo el integrante de mayor antigüedad del Consejo.

 

Sin embargo, Ramírez Garza -quien ya se había desempeñado como consejero durante la presidencia de Arrazola Falcón- argumenta que su periodo es legal puesto que fue electo por el Congreso en enero de 2010 y su nombramiento se extiende en paralelo hasta el fin de la presidencia de Meza Verdugo.

 

Para el consejero amparado la CEDH se encuentra ante una crisis de legitimidad pues sesiona, además de la presencia del consejero presidente, solamente con las consejeras Alicia Núñez Escobar y Concepción González Rangel.

 

“Ello se puede prestar para que el presidente tome decisiones de manera unilateral”, expresó.

 

Por otro lado, el tema de la elección de los consejeros ha evidenciado la subordinación que podría tener un órgano autónomo como la CEDH a la propuesta y votación de nuevos consejeros que realicen los partidos políticos que integran la XIII legislatura.

 

No existe participación de la sociedad civil o la integración de un comité ciudadano que haga propuestas, por lo que las vacantes de consejeros y la del mismo presidente bien podrían terminar en botín político y con ello restarle autoridad moral a la institución que debe ser vigilante del actuar del gobierno.

 

A decir del presidente de la comisión de derechos humanos del congreso del estado, Juan Alberto Valdivia Alvarado, la situación de la institución “es insostenible, creo que si el Congreso del estado no toma cartas en el asunto, la CEDH podría enfrentar una situación de crisis”.

Categorías: Ejecutivos BCS Noviembre 2011

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