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Raymundo Leon V.

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INHABILITAN Y MULTAN AL EX GOBERNADOR NAM Y DOS DE SUS EX COLABORADORES POR VENTA IRREGULAR DE TERRENOS

Posted by Ejecutivos BCS on 8 Ee diciembre Ee 2011 a las 10:35

Se dictó auto de formal prisión a otros tres ex funcionarios

 

Una doble venta de bienes inmuebles en Cabo San Lucas que eran propiedad del gobierno del estado se ha convertido en el principal dolor de cabeza del ex gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, y de algunos de sus colaboradores más cercanos.




El 6 de diciembre, la contralora del estado, Maritza Muñoz Vargas, informó sobre la inhabilitación del ex gobernador, del ex secretario general de gobierno, Alfredo Porras Domínguez (ex candidato del PT a la gubernatura en 2004), y del ex oficial mayor Juan Garibaldo Romero Aguilar (actual representante del PVEM en el Instituto Estatal Electoral), para el desempeño de cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público por un periodo de seis años.


En conferencia de prensa en la que no permitieron preguntas de los reporteros, la funcionaria leyó el resolutivo de la Contraloría que impone una sanción económica de 27 millones 973 mil 800 pesos para el ex mandatario estatal y de 13 millones 986 mil 900 pesos para cada uno de los otros dos ex funcionarios. Todos, de extracción perredista.


Explicó que el 17 de junio recibió una denuncia del director de Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de la Tierra del gobierno del estado, José Refugio Carrillo Sánchez, contra los ex funcionarios referidos por presuntas irregularidades administrativas previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Baja California Sur.


Dijo que derivado de las diligencias integradas en el expediente CGE/065/2011, la Contraloría General del Estado resolvió el 28 de octubre la inhabilitación y sanción de los ex funcionarios por la venta de siete terrenos, propiedad del gobierno del estado, ubicados en el fraccionamiento El Pedregal de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, a un precio “notoriamente inferior” al del mercado, lo que generó un daño patrimonial de 27 millones 973 mil 800 pesos.


Aclaró que otros coacusados, sin precisar quiénes, no fueron sancionados porque las facultades de la Contraloría prescribieron al excederse el plazo para iniciar el proceso correspondiente.


Venta simulada


Los días 30 de noviembre y primero de diciembre el ex secretario general de gobierno Luis Armando Díaz, quien fue candidato del PRD a la gubernatura en las elecciones de febrero pasado, el ex secretario de Planeación, Infraestructura Urbana y Ecología Guillermo Jáuregui Moreno, y el ex oficial mayor Héctor Ibarra Espinoza, quien con las siglas del PAN contendió por la presidencia municipal de La Paz, fueron arrestados y recluidos en el Cereso de La Paz por elementos de la Policía Ministerial en cumplimiento de una orden judicial por el presunto delito de incumplimiento de un deber legal relacionado con una licitación anterior de los mismos inmuebles.


No obstante, obtener su libertad bajo caución en menos de 24 horas con el pago individual de 17 mil pesos, el juez tercero de lo penal con sede en esta ciudad dictó auto de formal prisión contra los acusados.


El procurador general de Justicia del Estado, Gamill Arreola Leal, informó que el juez consideró que dolosamente de manera ilegal e indebida los ex funcionarios beneficiaron a la empresa Las Veredas de San José, S. de R.L. de C. V., al transmitirle la propiedad de los inmuebles.


Según el contrato de la operación realizada en 2007 se acordó un precio de 76 millones 200 mil pesos, quedando estipulado al momento de la firma del documento que el gobierno del estado recibió 72 millones 390 mil pesos, equivalentes al 95 por ciento, lo que en realidad no aconteció, originando un daño y quebranto patrimonial a las finanzas del estado durante dos años 7 meses.


Arreola Leal explicó que aún cuando en 2010 se celebró un convenio para dejar sin efecto la supuesta venta, esta acción de ninguna manera libera o exime a los acusados del hecho delictivo.


En febrero de 2011 los siete terrenos recuperados por el gobierno estatal se volvieron a licitar, pero ahora con un precio de 23 millones 980 mil pesos, 52 millones 220 mil pesos menos que en la operación de 2007.


Cabe mencionar que en este proceso, el ex gobernador no fue detenido porque obtuvo un amparo de la justicia federal.


La otra denuncia


Por otro lado, el procurador informó que también están demandados los ex colaboradores de Narciso Agúndez, Ramón Alejo Parra Ojeda, ex director de Asuntos Jurídicos; Héctor Guadalupe Ibarra Espinoza, ex oficial mayor; y Alfonso Villanueva Valencia, por la presunta simulación de actos jurídicos en perjuicio de la administración pública del estado derivado de un contrato de compra venta de un inmueble celebrado en 2007.


Según la denuncia los ex funcionarios públicos no ingresaron a la tesorería estatal 27 millones de pesos, producto de la venta a Alfonso Villanueva de un inmueble que el gobierno del estado había adquirido al hacerse cargo de las liquidaciones de los ex trabajadores de la extinta maquiladora California Connections que a su vez lograron la propiedad como consecuencia de un juicio laboral.


Ante estos hechos probablemente constitutivos de delitos, la Procuraduría General de Justicia del Estado abrió una averiguación previa a fin de investigar y ejercitar acción penal, en su caso, contra quien o quienes resulten responsables, puntualizó Gamil Arreola.


No es político, gobernador; Sí lo es, PRD


El gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor negó que sea una “cacería de brujas” contra ex funcionarios del anterior gobierno perredista.


Expresó que en su administración los temas políticos están de lado y todas las áreas trabajan apegadas a derecho como seguramente lo hará el procurador general de Justicia.


El Secretariado Estatal del PRD, encabezado por Rosa Delia Cota Montaño, en su oportunidad, señaló que la aprehensión de Luis Armando Díaz responde a una estrategia política que coincide con el proceso electoral federal en puerta y que persigue debilitar la imagen y prestigio público de personajes ligados al perredismo, principalmente en Los Cabos cuyo ayuntamiento, en su mayoría, está compuesto por miembros en activo del sol azteca.


“En el PRD nos queda claro que no es una casualidad que esta acción judicial se realice apenas un día después del relevo de quien fungía hasta esa fecha como secretario general del actual gobierno –Carlos Mendoza Davis-, relevo que fue acompañado, simultáneamente, del anuncio de que el ex funcionario panista será candidato a algún puesto de representación popular”, señaló el Secretariado.

Categorías: Ejecutivos BCS Diciembre 2011

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