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GOBIERNO DE NARCISO AGUNDEZ, REPROBADO EN TRANSPARENCIA

Posted by Ejecutivos BCS on 20 Ee enero Ee 2012 a las 15:15

Durante su periodo, BCS se ubicó en el último lugar en la medición de desempeño.

“Gobierno eficiente y eficaz”, según estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad.

 

Por Gladys Rodríguez Navarro*


El tema de transparencia y rendición de cuentas ha sido un reclamo histórico de la población sudcaliforniana a sus gobernantes. Para la pasada administración, que encabezó Narciso Agúndez Montaño, hoy acusado de presuntas operaciones ilícitas durante su gobierno e inhabilitado por seis años para ejercer cargos públicos, fue el talón de Aquiles.


La administración que dejó Agúndez Montaño en abril del año pasado, estuvo marcada por acusaciones de corrupción, nepotismo y falta de claridad en el manejo de las finanzas públicas.


Durante el proceso electoral que concluyó con la elección del 6 de febrero en la que consiguió el triunfo el actual gobernador Marcos Covarrubias, abanderado por el albiazul, el reclamo de contendientes, partidos políticos, cámaras empresariales, organizaciones civiles y el sector académico, fue la falta de gobiernos transparentes.


Así, el compromiso de quienes aspiraban entonces a la gubernatura, Marcos Covarrubias (PAN-PRS); Ricardo Barroso, (PRI-PVEM), incluso de Luis Armando Díaz (PRD-PT), ex secretario de gobierno (en el periodo de Agúndez) acusado actualmente por su presunta participación en operaciones irregulares de venta de terrenos, fue justamente con la rendición de cuentas.


Casi al término de la gestión de Agúndez, en el ranking de competitividad de las entidades, en el periodo de medición, de 2006 hasta 2008, BCS ocupó la séptima posición. Obtuvo una calificación de 49.67 sobre 100, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicados en septiembre del 2010.


El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita se ubicó en 10.7 por ciento mayor que el promedio nacional, es decir, “los sudcalifornianos generan 11,764 pesos más por persona que el promedio de los mexicanos”, reveló el estudio Análisis de Competitividad 2010.


En contraste, BCS obtuvo la peor calificación en Gobierno eficiente y eficaz. Se ubicó en el último lugar con una calificación de apenas 25 puntos sobre 100. IMCO señaló que fue debido a un “pobre desempeño en inversión del gobierno, eficiencia del gasto público y eficiencia en recaudación”.


Por tres años consecutivos, de 2008 a 2010, BCS obtuvo el último lugar en el índice Información Presupuestal Estatal del IMCO 2010. La entidad más opaca en transparencia y rendición de cuentas.


A ello se sumó un endeudamiento público superior al promedio nacional del país.


De acuerdo con el estudio “BCS, finanzas públicas 2010”, del mismo instituto, desde 1993 hasta 2009, el gobierno de BCS había logrado administrar una deuda relativamente pequeña y mantenía una trayectoria decreciente. No obstante, en 2009 el endeudamiento público por habitante del estado se disparó con un crecimiento real de 153 por ciento.


La deuda per cápita estatal fue de 3 mil 692 pesos, mientras que el promedio nacional fue de 2 mil 110, es decir, la deuda para los sudcalifornianos fue mil 528 pesos mayor que el promedio para el resto de los mexicanos.


El saldo acumulado de la deuda de BCS, según refiere el documento, es de 2 mil millones de pesos, respaldada en su totalidad por participaciones federales.

 

Las denuncias


Ante las bajas calificaciones en este rubro que obtuvo Agúndez al final de su administración, al arranque de la administración de Covarrubias (5 de abril), las expectativas crecieron en sectores de la población sudcaliforniana, ante posibles revelaciones luego de practicar auditorías.


En junio del año pasado, el gobierno de Covarrubias, a través de la Dirección de Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de Tierra, demandó al ex gobernador Agúndez y al ex secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, además de quienes resultaran responsables, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, peculado y falsedad de funcionarios públicos, entorno a presuntas ventas irregulares de terrenos propiedad del gobierno del estado en un exclusivo fraccionamiento de Los Cabos.


De acuerdo con información de la PGJE, el ex gobernador y al menos cinco funcionarios más podrían estar involucrados en dos operaciones irregulares de venta de terrenos propiedad del estado.


La primera de ellas fue una licitación que en 2007 ganó la empresa Las Veredas, misma que pagaría al gobierno un monto de 76 millones 200 mil pesos; sin embargo, luego de tres años, no fue cubierto el monto en su totalidad.


La segunda ocurrió en febrero de este año. Mediante un convenio se dejó sin efectos la licitación y se volvieron a vender los terrenos. Esta vez en 23 millones 980 mil pesos, un precio inferior al del mercado ordinario, por lo que se acusó de un presunto agravio al erario estatal de 52 millones 220 mil pesos.


Por estos hechos, el pasado 1 de diciembre, se detuvo al ex secretario de gobierno y ex candidato a gobernador, Luis Armando Díaz, quien consiguió su libertad bajo fianza, al igual que dos funcionarios más, Jáuregui Moreno, y el ex oficial mayor, Héctor Ibarra, también ex candidato a la alcaldía de La Paz por el PAN.

 

“Un delito menor”: PGJE


Y es que a partir de la integración de la averiguación previa, la PGJE únicamente encontró elementos para acreditar su probable responsabilidad en el delito de “incumplimiento de un deber”, es decir, por mostrar una actitud “omisa y pasiva en perjuicio del erario estatal” al no exigir el cumplimiento del pago total de la operación celebrada.


En una situación similar está el propio ex gobernador, quien no fue detenido toda vez que consiguió un amparo en el Juzgado Primero de Distrito. No obstante, enfrenta un procedimiento administrativo, emprendido por la Contraloría General de Gobierno, quien resolvió inhabilitarlo para ejercer cargo público durante seis años, además de imponer una multa de 27 millones 973 mil 800 pesos.

 

PRD acusa “golpe mediático”


Las denuncias en contra de ex funcionarios de la administración pasada por la presunta venta irregular de siete terrenos en Los Cabos, incluso la inhabilitación del ex gobernador Narciso Agúndez, duramente criticado en la recta final de su administración, han motivado opiniones encontradas en diversos sectores de la población.


Los hay quienes acusan un “golpe mediático” y también quienes señalan que se trata de una “simulación” de parte del Gobierno del estado, pues en una instancia enfrentan procesos judiciales por un delito considerado “menor” y en otra se aplican las sanciones y multas más altas.


El Partido de la Revolución Democrática (PRD) acusa al gobierno de Marcos Covarrubias de emprender una “cacería” en contra de ex funcionarios perredistas.


Rosa Delia Cota Montaño, presidenta del Comité directivo estatal, aseguró que se trata de un “golpeteo político y mediático que persigue debilitar la imagen y el prestigio público de personajes ligados al perredismo, particularmente en Los Cabos, ayuntamiento compuesto en su mayoría por miembros activos del partido.

 

“Que no sea una simulación”: PRI


Por su parte, Ricardo Barroso, delegado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo en entrevista que el gobierno estatal debe actuar conforme a derecho y esclarecer no solamente este asunto, sino muchos otros –dijo--- que fueron señalados en la administración pasada.


“Esperamos que no sea nada más un golpe mediático político, sino que se llegue a las últimas consecuencias; que no se quede en una cortina de humo para tapar la falta de resultados que ha tenido el gobierno actual”, afirmó.


Sostuvo que no debe tratarse de una “simulación”, pues de lo contrario “seguiría en duda el que verdaderamente hayan dejado de pertenecer al mismo grupo”.


Lo anterior, en referencia al rompimiento de Covarrubias con el PRD y con el ex gobernador Agúndez, en el pasado proceso electoral, toda vez que casi durante todo el sexenio del ex mandatario, Covarrubias reconoció a Agúndez como un “gobernante visionario, con los mayores logros en desarrollo urbano y social”, y a su rompimiento, criticó la falta de resultados.


“Hay que recordar que hace menos de once meses a quien hoy están juzgando, en su informe como diputado federal, Covarrubias lo consideraba como el mejor gobernante”, expresó.

 

“Tengo la conciencia tranquila”: Agúndez


Luego de conocer la denuncia en su contra, Agúndez Montaño envió un comunicado en el que dijo tener “desconfianza en la imparcialidad y objetividad” de la PGJE, por lo que solicitó un amparo.


En días pasados, tras su detención, el que fuera secretario de Gobierno y candidato a la gubernatura por el PRD, Luis Armando Díaz, declaró que la venta de los terrenos se efectuó cuando él ya no era secretario de gobierno; sino que se encontraba en campaña por la gubernatura.


Afirmó tener confianza en las instituciones, en el respeto a la Ley.


“Yo tengo la conciencia tranquila, las manos limpias y la frente muy en alto”, expresó Díaz, quien a la fecha se desempeña como titular de la Dirección de Desarrollo Social en Los Cabos.


Cuestionado sobre el tema, el presidente del comité directivo estatal del PAN, Herminio Corral, manifestó que si bien “no se debe politizar la justicia, tampoco se debe politizar la defensa, o buscar la impunidad a partir de la política”.


“Quien actúa fuera de la ley debe ser sancionado conforme a derecho”.

 

Advierten “acelerada” averiguación previa


Sobre el caso, el abogado Arturo Rubio Ruiz, presidente del Consejo de Atención a Víctimas del Delito, advierte una integración “acelerada” de la averiguación previa, motivada por los tiempos electorales (registros por las candidaturas a diputaciones y senadurías), pues la denuncia contra el ex gobernador y otros funcionarios ocurrió días después de haberse conocido las aspiraciones políticas del ex gobernador.


“Sería muy grave que se hubiera montado un show mediático sobre el asunto y en esa búsqueda de hacer coincidir los tiempos electorales, se haya integrado mal una averiguación previa sobre un asunto tan delicado”, comentó en entrevista.


Calificó además como un “absurdo” que de parte de la Contraloría General del estado sí se imponga una sanción y multas altas por su participación en operaciones indebidas, mientras en el ámbito judicial únicamente se procese por un delito menor.


“Parecería como si únicamente fuera una llamada de atención”, expresó.

 

*Corresponsal de El Universal en BCS 

Categorías: Ejecutivos BCS Enero 2012

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