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UNA CASA PRESIDENCIAL ESTATAL

Posted by Ejecutivos BCS on 20 Ee febrero Ee 2012 a las 17:25

Por Sandino Gámez

 

El Instituto Sudcaliforniano de Cultura se encuentra editando el libro ‘La casa presidencial del Caimancito’. La instrucción para realizar esta obra de carácter histórico provino del gobernador del estado, Marcos Covarrubias, como una idea original para celebrar la remodelación del equivalente sudcaliforniano de la casa presidencia federal de Los Pinos.


El Caimancito, como es bien conocido, fue construido con dinero de la federación durante la presidencia de Miguel Alemán (1946-1952), que coincidió con el periodo de Agustín Olachea como jefe político del Territorio Sur de la Baja California (1946-1956). Miguel Alemán, el constructor de Acapulco, se había hecho de grandes extensiones de tierra en las cercanías de La Paz, así como Agustín Olachea en El Mogote, previendo sin duda que llegaría un día en que la bahía sudcaliforniana alcanzaría el destino de la bahía guerrerense.


¿Cuál es el papel que tuvo la casa presidencial del Caimancito en la vigorosa vida cultural que tuvo la ciudad de La Paz en la década de 1950? Baste decir que en ese lugar en 1958 se escenificó teatralmente por vez primera el desembarco de Hernán Cortés, dando por formalmente inaugurada la celebración de las Fiestas de Fundación de La Paz que el gobierno del estado y el ayuntamiento de La Paz están obligados por tradición a organizar cada 3 de mayo.


La casa presidencial fue entregada como un obsequio material y simbólico de la federación al nuevo Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, nacido en 1974. La transición de una casa de descanso del presidente de la república a residencia protocolaria del gobernador del estado sudcaliforniano fue un homenaje federal a la soberanía y el orgullo estatales. Así como el presidente tiene la casa presidencia de Los Pinos en Chapultepec, así el gobernador de Baja California Sur debía tener El Caimancito.


Para lo que queremos reflexionar aquí debe recordarse que la casa presidencial de Los Pinos fue establecida por el presidente socialista Lázaro Cárdenas, para evadir el aura monárquica que tenía el Castillo de Chapultepec debido a su uso como residencia y despacho por Maximiliano de Habsburgo, Porfirio Díaz y Álvaro Obregón. También por los inconvenientes prácticos de vivir en Palacio Nacional, como lo habían hecho Benito Juárez o Francisco I. Madero. Los Pinos fue, en este sentido, como muchas de las acciones del cardenismo: un acto concreto para marcar distancia con el pasado autoritario y al mismo tiempo para facilitar la tarea de gobierno.


Un propósito o justificación similar, o al menos una parte de ella, debió ser el motivo por el cual el quinto gobernador sudcaliforniano, Leonel Cota, determinó la conversión de El Caimancito en un espacio público ajeno al protocolo gubernamental. Junto con la venta del avión del gobernador y la transformación del edificio usado en comodato por el Partido Revolucionario Institucional en Albergue de Asistencia Social (administrado por el DIF estatal) para los usuarios foráneos del Hospital Salvatierra, la acción del quinto gobernador planteaba un mensaje sobre la dirección de su política y su alejamiento del cuarto gobernador, Guillermo Mercado. La casa de El Caimancito primero se remodeló para que funcionara como un acuario y después como centro de convenciones. Ambos proyectos fracasaron y el lugar quedó semiabandonado. Luego, durante el periodo de Narciso Agúndez vio perder medio kilómetro de playa y arrecifes, por la privatización del terreno destinado a crecimiento futuro.


La remodelación que ha iniciado este año, además de las simbólicas, tiene justificaciones económicas: los integrantes del gobierno del estado, el congreso y el tribunal superior de justicia requieren de un recinto para recibir de manera protocolaria a sus pares de la federación, de otros estados y de otros países. El gasto de dinero público por la renta o acondicionamiento de locales, hoteles, restaurantes, salones o centros de convenciones se verá así disminuido, al menos en la capital del estado.


En cierta forma, es un nuevo inicio de la historia de esa casa. Estamos seguros que la investigación organizada por la directora del Archivo Histórico del estado, maestra Elizabeth Acosta, y la redacción encargada al escritor Christopher Amador —en su calidad de coordinador de la Red Estatal de Bibliotecas y reconocido autor de un gran número de composiciones literarias— generará investigaciones e interpretaciones subsiguientes sobre sus cualidades prácticas y sus usos simbólicos.


Las casas de gobierno no son meros edificios de habitación y oficina del ejecutivo o jefe político en turno. Su arquitectura y ubicación dan un mensaje claro sobre el uso del poder público: la “casa del rey”, único edificio administrativo remanente de la época colonial en La Paz, construida en piedra, fue destruida por el ejército estadunidense antes de abandonar la península luego de la invasión de 1846-1848. En 1881 la primera casa de gobierno del jefe político local fue construida adyacente a la plaza principal, hoy Jardín Velasco, de frente a la catedral. Su destrucción en la década de 1960, bajo criterios de ruina estructural, fue vista como una afrenta por los sudcalifornianos. Fue decidida por un jefe político que por sus acciones prepotentes hizo renacer el Frente de Unificación Sudcaliforniana, un comité ciudadano que se creó con gran prestigio durante el gobierno de Francisco J. Múgica (1941-1946). La agrupación de los años 1960 fue continuada por el movimiento Loreto 70 que, al igual que la anterior pero con otros protagonistas, enarbolaba la demanda de “gobernador nativo o con arraigo”. ¿A qué se debió que una de las primeras acciones del primer gobernador de Baja California Sur, Ángel César Mendoza Arámburo fuera reconstruir la casa de gobierno y abrirla como espacio público para uso cultural en 1981? ¿Acaso no fue por un clamor popular? (Hay preguntarse también por qué todos los gobiernos dejaron inconclusa la construcción: nunca cerraron la cuadra e incluso hoy una asociación de comerciantes la usufructúa como estacionamiento y proyecta una plaza comercial privada.)


No sólo tienen significado la estructura física o la ubicación geográfica del edificio público donde despacha o reside el gobernador o jefe político: también la manera como se le denomina. Por ejemplo, lo que conocemos hoy como el Centro Cultural La Paz, fue hasta 2005 Palacio Municipal. Pero cuando se construyó e inauguró en 1910 se le llamaba oficialmente Casa de la Ciudad, y desde ella despachaba el presidente municipal de La Paz. ¿Cuál es la diferencia entre una Casa de Gobierno y un Palacio de Gobierno? ¿O entre una Casa de la Ciudad y un Palacio Municipal? La respuesta es ideológica: la denominación de “palacios” para los recintos administrativos o de protocolo de los jefes políticos es una reminiscencia colonial y monárquica que los gobernantes locales sudcalifornianos evitaron entre 1881 y 1914. El uso de la denominación “casas” —aunque los edificios no tuvieran el uso habitacional de la autoridad política sino el meramente administrativo— elimina el carácter aristocrático y establece uno republicano. En las repúblicas, como se sabe, todos los ciudadanos son iguales ante la ley y se gobiernan con un presidente, una palabra que significa: ‘el que se sienta primero’.


¿Pero quién vive o despacha en un palacio?


Esta es una reminiscencia virreinal que también permanece en la denominación de “gobernador”. Cuando se decretó la república como forma de gobierno en México en la primera constitución política (1824) se eliminó el título de emperador y el resto de las denominaciones aristocráticas, y se estableció el cargo de “presidente”. También se sustituyó el de “alcalde” por “presidente municipal”. Pero se conservó el nombre y cargo de “gobernador”. La estructura republicana mexicana: presidente de la república > gobernador > presidente municipal, claramente tiene un fallo de coherencia. El gobernador de una entidad federativa, desde el nombre, se le están otorgando cualidades no republicanas que hacen muy evidentes las fallas democráticas en la composición del poder al interior del Estado, en nuestro caso el sudcalforniano.


Parecerá ingenuo creer que modificar el título del jefe del poder ejecutivo estatal redundará en una mayor democratización de la vida política local, pero al menos sería una curiosidad notable a nivel nacional: sólo los sudcalifornianos tendríamos un “presidente estatal”. Así podríamos presumir de contar con un “Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”, un “Presidente del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur” y cinco “Presidentes de los Honorables Ayuntamientos”. En cierta forma sería un acto de demostración de la auténtica soberanía y libertad del pueblo sudcaliforniano.


Pero más notable sería que los sudcalifornianos y sus gobernantes tuvieran así siempre presente el propósito general de la separación de los poderes del Estado y el propósito particular de la concentración del Poder Ejecutivo estatal en una sola persona.


En este sentido podemos ver que el título escogido por los editores del libro proyectado por el Instituto Sudcaliforniano de Cultura es gratamente apropiado. El libro ‘La casa presidencial de El Caimancito’ quizá marque así el inicio de una renovación no sólo física sino simbólica y política para un estado de la nación mexicana que cumplirá cuarenta años de edad el 8 de octubre de 2014.


¿A quién no gustan los cambios que mejoran lo que disfrutamos todos? Nuestra vida política, los espacios públicos, el fondo y la forma.


Finalmente, ante tan relevante misión que tienen los investigadores asignados a la edición del libro, es sencillo prever el buen éxito de sus esfuerzos. Tanto Acosta como Amador han realizado ediciones de libros muy importantes o significativos antes. Basta con mencionar ‘La guía familiar de Baja California (1700-1900)’ —editada recientemente por el Archivo Histórico que lleva el nombre de su autor Pablo L. Martínez— y el primer libro sobre Víctor Bancalari, un muy conocido pero hasta ahora poco leído escritor sudcaliforniano: ambos son iniciativas de Acosta, la primera, y de Amador, la segunda.


Insistimos en expresar nuestra esperanza de ver aparecer múltiples esfuerzos de investigadores particulares y especialistas académicos que secunden la labor de estos comprometidos y capaces servidores públicos del Instituto Sudcaliforniano de Cultura.


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Categorías: Ejecutivos BCS Febrero 2012

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