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ROTUNDO NO A LA MINERIA TOXICA EN BCS

Posted by Ejecutivos BCS on 26 Ee marzo Ee 2012 a las 19:10

Organizaciones civiles, gobierno estatal y ayuntamiento de La Paz se oponen a los proyectos de extracción de oro a cielo abierto

 

Por Raymundo León Verde

 

Los proyectos mineros de extracción de oro a cielo abierto en el municipio de La Paz, Concordia y San Antonio, promovidos por las corporaciones extranjeras Vista Gold y Argonaut, enfrentan una férrea oposición de parte de los gobiernos locales y organizaciones civiles por los riesgos que representan para el medio ambiente y la salud de las personas.

Desde que la corporación estadunidense Vista Gold reactivó el proyecto Paredones Amarillos (hoy Concordia) para la explotación de oro a cielo abierto en la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna, a 30 kilómetros del pueblo mágico de Todos Santos, las organizaciones ambientalistas CEMDA, Niparajá, Medio Ambiente y Sociedad, y Agua Vale más que Oro, entre otras, emprendieron una campaña contra los citados proyectos, tipificados como “minería tóxica” por el uso de cianuro en el proceso de separación del oro de la roca.

Los ambientalistas han recurrido a legisladores locales y federales para promover reformas a la ley que prohíban este tipo de minería en el estado y en el país, así como marchas y manifestaciones públicas, la más grande, en enero de 2011 cuando lograron reunir a 9 mil personas en la playa El Tule del municipio de Los Cabos.

Su oposición a la “minería tóxica” a cielo abierto se recrudeció, luego de que el 15 de diciembre de 2011, la minera La Pitalla, filial de la corporación canadiense Argonaut, solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto San Antonio que pretende explotar una mina de oro a 40 kilómetros de la ciudad de La Paz.

Dos meses después se llevó a cabo en la capital sudcaliforniana la reunión pública de información sobre este último proyecto con una abrumadora mayoría de ponencias y manifestaciones públicas en contra.

Tras la presentación de las 52 ponencias registradas ese día (15 de febrero), el Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable, órgano de consulta de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para facilitar la participación de la sociedad civil en la política ambiental, núcleo Baja California Sur, recomendó a la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental (DGIRA), no autorizar la MIA del proyecto minero.

Francisco Javier Guzmán Roa, presidente del organismo, señaló que de acuerdo al análisis de la MIA existen inconsistencias y falta de información en el contenido de los capítulos, por lo que sugirió a la DGIRA y a la propia SEMARNAT que el documento sea ampliado para que demuestre que da cumplimiento a las leyes y reglamentos ambientales con los que tiene relación.

El Consejo Consultivo pidió que se solicite a la minera La Pitalla que dentro de la MIA se incluya un capítulo específico que aclare y defina cómo está vinculado el proyecto con el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de La Paz porque en éste las unidades de gestión ambiental no contemplan la actividad minera.

Asimismo, consideró que el proyecto San Antonio no demuestra en forma suficiente que el acuífero no se afectará y existe poca información respecto el tratamiento de las aguas residuales.

Señaló que la minera propone un fondo de 4.6 millones de dólares para labores de restauración en los cuatro años siguientes al cierre de la mina, pero no expone los mecanismos que aseguren el cumplimiento de las medidas de mitigación a largo plazo ni tampoco en caso de un accidente ambiental o abandono del proyecto.

Advirtió que la MIA no explora la concatenación entre el proyecto San Antonio y las actividades económicas consideradas prioritarias para el desarrollo de la entidad como el turismo y la agricultura.

En la MIA no hay información con respecto al comportamiento estacional de la flora y fauna del área del proyecto; no presenta evidencias de éxito en el trasplante de especies vegetales; no hace mención a la preservación del hábitat para la fauna que se localiza en el predio; no presenta un estudio que demuestre la afectación que habrá en el ecosistema; ni hace referencia a la ubicación de los corredores biológicos que se verán afectados.

Puntualizó que el documento además tendrá que demostrar que cumple con leyes y reglamentos como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, la Ley General para la prevención y Gestión Integral de Residuos, la Ley General de Aguas Nacionales, la Ley Minera y la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, entre otros.

La reunión concluyó con airados gritos de “fuera, fuera” hacia los empresarios de La Pitalla que se vieron obligados a salir por una puerta lateral del salón que fue resguardada por elementos de seguridad a fin de que los opositores al proyecto no los siguieran.

Al respecto, las organizaciones ambientalistas señalaron que la sociedad civil de Baja California Sur ya emitió su veredicto, por lo que ese proyecto debe ser cancelado.

El abogado del CEMDA, Mario Sánchez Castro, precisó que la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente indica que todo trámite como la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por La Pitalla a la Semarnat debe vincularse con la legislación aplicable en el estado o municipio (en este caso al Plan de Desarrollo Urbano de La Paz) y cualquier omisión o falla es motivo de una resolución negativa.

Gabriel Patrón, representante de la Sociedad de Historia Natural Niparajá, dijo que desde el punto de vista hidrológico el proyecto es inaceptable, debido a que Baja California Sur es el estado más árido del país y sin embargo se autorizaron concesiones por parte de Conagua para extraer grandes cantidades de agua del subsuelo.

Señaló que junto con la sobreexplotación del acuífero y la intrusión salina, la presencia de arsénico en el área concesionada por la actividad minera realizada en el siglo XIX hacen de este proyecto una “bomba de tiempo” en caso de ser aprobado.

El dirigente de Medio Ambiente y Sociedad, Juan Angel Trasviña Taylor, criticó a investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR) y al Centro Regional de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR) por prestarse a hacer manifestaciones de impacto ambiental a modo, para que los grandes corporativos mineros canadienses y estadunidenses se asienten en el territorio sudcaliforniano.

Sostuvo que estas instituciones no deberían participar en la elaboración de estos documentos porque al hacerlo comprometen su credibilidad.

Tras la reunión pública sobre el proyecto San Antonio, el gobierno del estado manifestó su preocupación porque la información aportada por el promovente no es suficientemente detallada y precisa para permitir una evaluación de impacto ambiental adecuada, por lo que solicitó a la SEMARNAT que atienda los señalamientos y recomendaciones hechas por la sociedad en torno al rechazo a ese proyecto minero.

El Cabildo de La Paz, a través de un documento público, adelantó que en caso de que sea requerida su autorización para el cambio de uso de suelo la negará porque el proyecto cuestionado no es factible ni viable.

Advirtió que la segura contaminación del suelo y el aire por el traslado natural y humano de desechos hacen inminente la afectación a la flora y fauna endémicas, así como a las actividades agropecuarias y turísticas de la región.

Señaló que la reserva de agua destinada a la agricultura y ganadería se debilitaría por el cambio de uso hacia la industria minera, lo que aumentaría la insalubridad de los mantos acuíferos subterráneos por la filtración de contaminantes en escurrimientos y arroyos que derivan de manera natural a las zonas costeras del Golfo de California y el Océano Pacífico.

Además, puntualizó, se agudizarían los daños por el arrastre natural y el traslado de materiales pesados como el cianuro y el arsénico, lo que significaría graves riesgos para la salud humana, afectada de por sí en esa zona por la ancestral e irracional explotación minera que se realizó hace poco más de un siglo y medio.

El secretario estatal de Salud, Santiago Cervantes Aldama, señaló que en las comunidades de El Triunfo y San Antonio, que en el pasado fueron emporios mineros, aún se mantienen altos niveles de contaminación por cianuro que afectan la tierra y los mantos acuíferos, lo que ha provocado graves daños a la salud de los residentes.

Sostuvo que el gobierno estatal está comprometido en brindar todo tipo de facilidades a la inversión privada, pero siempre estará en contra de aquellos proyectos que pongan en riesgo la salud de la población como es el caso de la minería a cielo abierto.

Señaló que además del daño a la tierra se tendría una enorme contaminación en la atmósfera, ya que estudios realizados a nivel mundial detallan de manera puntual que partículas de los agentes tóxicos utilizados por la minería a cielo abierto pueden llegar hasta los 170 kilómetros de distancia de las explosiones.

Puntualizó que los agentes tóxicos esparcidos provocarían la contaminación de la tierra y los mantos freáticos, por lo que la Secretaría de Salud se mantendrá atenta al desarrollo de los proyectos Concordia y San Antonio que implican un serio riesgo a la población sudcaliforniana, donde la presencia de enfermos de cáncer ya es preocupante.

Categorías: Ejecutivos BCS Marzo 2012

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