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FIEBRE DEL ORO ENCIENDE FOCOS ROJOS EN BCS

Posted by Ejecutivos BCS on 6 Ee diciembre Ee 2012 a las 11:25

Por Gladys Rodríguez/corresponsal de El Universal

 

La llamada “fiebre de oro” que se extiende en América Latina y ha motivado conflictos en las comunidades aledañas a las minas, ha encendido focos rojos ahora en Baja California Sur, despertando el interés de cientos de ciudadanos, especialistas y ambientalistas, que encabezan una férrea oposición, frente a las intenciones de compañías canadienses, de explotar el mineral en la entidad, en una zona protegida por su alto valor ecológico.

De acuerdo con el panorama minero del estado, publicado en julio de 2011 por el Servicio Geológico Mexicano, hasta el 2010 se tiene un registro de 163 concesiones mineras tituladas, que comprenden una superficie de 528 mil 156 hectáreas, cifra que representa un 6.20 por ciento de la superficie estatal.

Se identifica la región sur del estado con los principales yacimientos de oro y plata, que actualmente buscan ser explotados por compañías mineras, en su mayor parte extranjeras.

El documento refiere que cinco proyectos realizan exploraciones con fines de explotación de oro.

Se trata de La Trinidad, en Los Cabos; El Triunfo-Valle Perdido y San Antonio-Las Colinas, ambos en La Paz y a cargo de la empresa Pediment Exploration; Trini, de la compañía minera La Pitalla, y Paredones Amarillos (actualmente Los Cardones), de las compañías Vista Gold e Invecture Group).

Dos proyectos han desatado una oleada de críticas porque buscan ya los permisos para comenzar operaciones. Se trata de San Antonio (compañía La Pitalla-Argonaut Gold) y Paredones Amarillos/Los Cardones (Vista Gold-Invecture Group), ambos con capital canadiense.

Las críticas se centran especialmente por el riesgo de contaminación del acuífero por los desechos tóxicos, daño a la salud y a las actividades económicas en la zona como la agricultura y el turismo, y especialmente por ubicarse en la Sierra de la Laguna, una región protegida por la Unesco, considerada el pulmón de Baja California Sur, sitio de captación y recarga de agua en esta zona desértica.

El proyecto San Antonio busca operar una mina de oro en la zona de Los Planes –40 kilómetros al sureste de La Paz-.

Planea extraer 38 toneladas de oro durante diez años de vida útil de la mina, excavando hasta conseguir un tajo de 62 hectáreas, dimensiones equivalentes a 54 cuadras que componen el centro de la ciudad de La Paz o bien, 84 canchas de futbol.

La compañía expuso su proyecto en una reunión pública celebrada en febrero de este año y enfrentó el rechazo mayoritario de la comunidad de La Paz y Los Cabos, así como del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable del estado, órgano de consulta de la Semarnat para la participación ciudadana.

En agosto, la Semarnat negó la autorización en materia de impacto ambiental, pues las actividades mineras son incompatibles con el Plan de Desarrollo Urbano de La Paz, que contempla sólo actividades turísticas y agricultura.

Por su parte, la compañía Vista Gold en conjunto con Invecture Group insisten en operar una mina de oro denominada Los Cardones, en las localidades de El Triunfo y San Antonio (cerca del proyecto anterior) en la zona de amortiguamiento de la Sierra de la Laguna, 57 kilómetros al sur de La Paz.

Con la propuesta de extraer 41 toneladas de oro, en septiembre solicitó autorización de impacto ambiental, pues la conseguida desde 1997 –cuando pertenecía a Echo Bay – venció en junio de este año.

Esta es la tercera ocasión en que la empresa plantea su proyecto. La primera fue en 2009, bajo el nombre de Paredones Amarrillos, pero le fue negado el permiso de cambio de uso de suelo. En 2010 volvieron ahora como Concordia, sin embargo, venció su autorización de impacto ambiental y en septiembre de este año se presentaron como Los Cardones.

La Semarnat evalúa su MIA y como parte del trámite, el 25 de octubre se realizó además la reunión pública de información, en donde participaron poco más de 500 personas y medio centenar de ponencias, de las cuales, al menos el 80 por ciento fueron en contra.

Especialistas en geohidrología, ecosistemas marinos, geología, entre otras áreas, agregan que existen diversos riesgos. Las críticas son similares al proyecto San Antonio.

En una carta enviada a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, el investigador Exequiel Ezcurra, presidente del Consejo de Áreas Protegidas y director del Instituto para México y los Estados Unidos, indicó que por ser una zona sísmica, existe un “riesgo elevado” para la seguridad estructural e hídrica del proyecto.

Agregó que ante el riesgo de eventos climáticos extremos, el diseño de la presa de jales no es suficientemente robusto para prevenir un desborde; además, el impacto regional del sistema de abasto de agua dulce no ha sido incorporado y la restauración del sitio que se plantea al cierre de la mina no está garantizada.

Por lo anterior solicitó que el proyecto sea rechazado “por el riesgo que representa para los ecosistemas regionales en general y para la Reserva de la Biosfera de la Sierra de la Laguna en particular”.

Mario Sánchez, abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), afirma que Los Cardones “viola la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente (Lgeepa) y el Programa de manejo de la Reserva, que prohíben actividades contaminantes y residuos peligrosos en la zona”.

A su vez, el especialista en Geohidrología del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, Arturo Cruz Falcón, indicó que, aunque no será de forma inmediata, de existir derrames de metales y sustancias tóxicas, “se infiltrarán y contaminarán los acuíferos”.

“Las rocas en esta zona están fracturadas porque hay fallas geológicas. El agua de lluvias se infiltra, por eso es una zona de captación…, el problema es que los desechos de la mina serán arrastrados por el agua de lluvia…, las presas de jales van a tener una ruptura con el tiempo y el agua se va a infiltrar en este tipo de roca y llegará al acuífero”, explicó.

Para la investigadora Concepción Lora Vilchis, del mismo Centro, la desalinizadora que la empresa pretende construir en Las Playitas (en el pueblo mágico Todos Santos) para obtener el agua dulce requerida, traería afectaciones al ambiente marino y un alto costo energético.

Estimó que consumirá 30 millones de kilowats por hora, para lo que serán necesarios 5 millones de litros de petróleo, equivalente al consumo aproximado de 6 mil familias. La Comisión Federal de Electricidad (CFE), afirmó, “tendrá que hacerle frente a ello con infraestructura. Este consumo incrementará la producción de gases de efecto invernadero”.

A lo anterior, se suman las voces de agricultores, especialmente de Los Planes y Todos Santos –municipio de La Paz-- quienes refieren su temor ante la posible contaminación con polvos tóxicos, de los productos de exportación, chiles, tomates y espárragos, entre otros cultivos.

“En el valle de Los Planes tenemos una superficie de hasta 650 hectáreas de cultivos, que llegan a generar una producción total de 7 mil 445 toneladas y representan el sustento para nuestra comunidad. La mina amenazaría la actividad agrícola por el riesgo de contaminación con polvos tóxicos. El proyecto no es viable, rentable, ni sustentable”, comentó Andrés Rochín, ingeniero agrónomo de la localidad de Los Planes.

Luego de las presiones de ciudadanos y ambientalistas, el gobierno del estado se sumó a la postura en contra.

El secretario de Promoción y Desarrollo Económico, Joel Ávila Aguilar sostuvo que el proyecto “no se vincula con el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, presenta inconsistencias y omisiones sobre el turismo, agua, agricultura orgánica, población e impacto ambiental”.

Solicitó a la empresa estudios sobre afectación a acuíferos, consumo energético de la desalinizadora y demás impactos ambientales generados por la salmuera; así como estudios técnicos de material geológico y de riesgo para la presa de jales, ante la sismicidad en la zona.

Anteriormente, Ávila Aguilar afirmó que el sur de la entidad tiene una “vocación eminentemente turística” y rechazó cualquier proyecto que ponga en riesgo su actividad económica, los recursos naturales y la salud de los sudcalifornianos.


Las voces a favor

Pese al rechazo mayoritario, los promoventes del proyecto Los Cardones han anunciado que sigue firme su intención de explotar el oro en la región. El pasado 8 de noviembre sufrieron un nuevo revés luego de que la Semarnat les negó el permiso de cambio de uso de suelo por no acreditar la propiedad de los terrenos. Empero, los inversionistas señalaron que aportarán nueva información y buscarán otra vez la autorización.

Desde 2009, con las primeras noticias de las pretensiones mineras al sur de la península, diversos grupos de la sociedad civil se han organizado conformando un amplio frente opositor que incluye a estudiantes, científicos, profesores, empresarios y ambientalistas.

Al mismo tiempo, habitantes de los pequeños poblados en la zona en que pretenden operar las mineras, como San Antonio y El Triunfo –antiguos pueblos mineros— se han reunido con autoridades y frente a la escasez de empleo, han exigido que permitan la operación de las compañías.

Adolfo de la Peña, líder ejidal, comenta que quienes se oponen a la minería de oro “deben respetar también las posturas de quienes apoyamos”, y comprender, dijo, la necesidad de empleo para decenas de familias.

Paulino Hernández, comisario ejidal de San Antonio, coincide en los requerimientos de los poblados y exhorta a las autoridades a tomar en cuenta “la falta de oportunidades” para estas comunidades.

Las compañías mineras que pretenden explotar oro en la región del estado aseguran ser proyectos sustentables y prometen reactivar la economía de la zona, que ha quedado relegada del desarrollo del estado, luego de su auge minero en el siglo XVIII.

Cada una de las minas prevé operar durante diez años, generando miles de empleos directos e indirectos en la región.

Los Cardones, que espera el resolutivo de la Semarnat, prevé una inversión global de 217 millones de pesos y promete la creación de 2 mil 200 empleos para las comunidades de La Paz, El Rosario, San Antonio y El Triunfo.

Jorge Escobar, asesor ambiental de la compañía, aseguró que “no se utilizará una sola gota de los acuíferos de Baja California Sur y no habrá filtraciones de sustancias al suelo o subsuelo”.

“El proyecto será un modelo de seguridad ambiental y sustentabilidad que sentará un precedente para la industria minera en México”, sostuvo.


Sugieren buscar alternativas de empleo

Para Meredith de la Garza, de la asociación civil Niparajá, que encabeza investigaciones y acciones en materia de conservación marina, terrestre y del recurso agua, la “avalancha” de proyectos mineros “tomó por sorpresa a todos”.

Considera que si bien, en parte de la zona de conflicto ya se desarrolla de manera próspera la agricultura orgánica y el turismo, existen comunidades que aún no cuentan con opciones de desarrollo.

“Tanto a sociedad civil y autoridades nos tomó por sorpresa esta avalancha de proyectos mineros, esta fiebre de oro; sin embargo, como sociedad nos podemos organizar para proponer alternativas de empleos porque pensamos que 300 empleos no valen 10 mil años de desechos tóxicos al aire libre”, afirmó.

En su opinión, es tiempo de que conjuntamente, sociedad y gobiernos de los tres niveles, concreten los ordenamientos ecológicos en municipios y también ordenen las actividades económicas.

“Es momento de contar con mejores planes de desarrollo para que la necesidad de la gente no sea la puerta de entrada para estas alternativas poco sustentables”, puntualizó.

Categorías: Ejecutivos BCS Noviembre 2012

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