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MINERA LA PITALLA CONSIGUE VICTORIA “PIRRICA”

Posted by Ejecutivos BCS on 21 Ee febrero Ee 2013 a las 13:45

Por Raymundo León Verde

 

A pesar de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa falló a favor de la minera La Pitalla sobre la posesión de los terrenos donde pretende llevar a cabo la explotación de una mina de oro a cielo abierto en este municipio, el delegado federal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en esta entidad, Marco Antonio González Vizcarra, dijo que dicho resolutivo no es suficiente para autorizar el cambio de uso de suelo.

El funcionario explicó que la solicitud de cambio de uso de suelo por parte de la minera canadiense fue rechazada, en su oportunidad, porque dos de los varios predios que comprende la concesión de 500 hectáreas, a juicio de la Semarnat no estaban en posesión de la compañía, que es uno de los requisitos que establece la Ley Forestal.

Dijo que la minera impugnó el resolutivo y la sala regional III noroeste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa notificó a la delegación de la Semarnat la anulación del mismo, instruyéndola para que emita otro en el sentido de que los predios sí están en posesión de La Pitalla.

Este fallo, explicó González Vizcarra, no implica que se autorice el cambio de uso de suelo, pues aunque ya hay una acreditación de la propiedad de los terrenos falta hacer la evaluación técnica y someterla al Consejo Estatal Forestal para determinar si es posible o no emitir el permiso.

Según el Tribunal la minera La Pitalla -filial de la corporación canadiense Argonaut Gold y promotora del proyecto San Antonio que pretende la explotación de una mina de oro a cielo abierto en el municipio de La Paz- acreditó la posesión de los predios impugnados con un contrato de compra venta firmado por las partes involucradas.

El funcionario federal recordó que en agosto de 2012 la Semarnat negó la autorización de impacto ambiental al proyecto San Antonio porque, entre otras cosas, no es compatible con el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de La Paz (PDU), por lo que el fallo del tribunal no garantiza el inicio de actividades de la minera La Pitalla.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) consideró el fallo jurídico como una “victoria pírrica”, ya que además de considerar la titularidad de los terrenos por parte de La Pitalla, el nuevo resolutivo de la Semarnat en materia de cambio de uso de suelo debe tener el aval del Consejo Estatal Forestal y se debe demostrar que no se compromete la biodiversidad del sitio, no se provocará erosión en los suelos y no se deteriorará la calidad del agua o la disminución de su captación, entre otros criterios establecidos en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Puntualizó que al proyecto también le hace falta la autorización en materia de impacto ambiental, el permiso de uso de suelo emitido por parte del gobierno del estado, y la licencia de construcción por parte del municipio de La Paz.

El proyecto de la mina San Antonio nunca ha demostrado ser viable, hecho por el cual la Semarnat también lo rechazó durante el proceso de evaluación de impacto ambiental, ya que no publicó un extracto del proyecto, no ofreció información sobre los impactos ambientales de las obras asociadas, no proporcionó información que permitiera evaluar su impacto hacia la integridad y capacidad de carga de los servicios ambientales, no identificó los impactos ambientales acumulativos y residuales del proyecto, no se evaluaron los posibles daños al acuífero de Los Planes, y no entregó información faltante que le solicitó Semarnat, entre otros, acusó el organismo ambiental.

“Con el fallo del tribunal la minera no puede iniciar actividades, son necesarios más permisos, pero ante todo no olvidemos que el proyecto es incompatible con el PDU, el cual es claro y establece que no se permite aprovechamiento industrial en el lugar y por ser zona de protección ecológica”, dijo Agustín Bravo Gaxiola, representante de Cemda en el noroeste.

El PDU de la ciudad de La Paz clasifica el área en donde se pretende establecer un 60 por ciento del polígono del proyecto, como zona de Protección Ecológica de Aprovechamiento. Esto significa que no se permiten las actividades industriales por lo que una mina es incompatible con el uso de suelo definido legalmente, abundó.

Señaló que el acuífero del cual pretende extraer agua la minera para sus operaciones se encuentra catalogado como sobreexplotado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Además, dicho acuífero presenta severas muestras de estar contaminado por las actividades mineras que se dieron durante los últimos 300 años en la zona, por lo que dejar operar otra mina de mayores proporciones que las que operaron en el pasado sería incrementar aún más el riesgo de contaminación, lo cual puede tener consecuencias muy serias para la salud de los habitantes de la zona, advirtió.

Categorías: Ejecutivos BCS Enero 2013

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