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PIDE GAMILL ARREOLA QUE DIPUTADOS VEAN A LA PGJE COMO UNA PRIORIDAD

Posted by Ejecutivos BCS on 19 Ee junio Ee 2013 a las 13:10

Después de un abandono de décadas, la PGJE presenta avances en infraestructura y equipamiento

 

Por Raymundo León Verde

 

El procurador general de justicia del estado Gamill Arreola Leal destacó que Baja California Sur es uno de los estados más seguros del país por su bajo índice de delitos de alto impacto, pero indicó que para mantener ese estatus se requiere dinero, voluntad y trabajo.

Al comparecer ante los diputados del Congreso del Estado, el procurador dijo que la seguridad pública y la procuración de justicia son una prioridad para el actual gobierno del estado, por lo que pidió el respaldo de los legisladores para continuar con el fortalecimiento de la dependencia a su cargo.

Mencionó que después de décadas de abandono, durante la presente administración se han canalizado importantes inversiones en infraestructura y equipamiento para que la Procuraduría cumpla sus funciones con mayor eficiencia.

Informó que en el 2012 se rehabilitaron las oficinas de la PGJE en Los Cabos, se construyeron centros de operación estratégicos para el combate al narcomenudeo en Guerrero Negro, La Paz y San José del Cabo, se construyeron y equiparon los Servicios Médicos Forenses de Loreto, Guerrero Negro, San José del Cabo y Ciudad Constitución. Se ampliaron las instalaciones del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales, se construyó un laboratorio de genética y se adquirió un equipo de Sistema de Huella Digital Balística.

En San José del Cabo se inició la construcción de un albergue para 40 elementos de la PGJE.

También se adquirió equipo para los centros de operación estratégica, la unidad especializada en el combate al secuestro y el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales.

Por medio del programa de fortalecimiento de las instituciones y procuración de justicia se construyó un campo de tiro virtual, se adquirieron uniformes, vehículos para los ministerios públicos y equipo de servicios periciales, entre otros.

En cuanto a resultados, el funcionario informó que se esclarecieron 30 homicidios dolosos y se puso a disposición a 37 presuntos responsables, se desarticularon bandas delictivas dedicadas al robo, se ejecutaron 672 órdenes de aprehensión libradas por jueces penales del estado, 38 en coordinación de otras procuradurías, 13 órdenes de detención y 52 de reaprehensión.

En 2012 la policía ministerial participó en 2,709 operativos de vigilancia y sobrevigilancia y detuvo a 114 personas relacionadas con el narcomenudeo. Recuperó 8,143 artículos y 598 vehículos reportados como robados.

Las agencias del ministerio público iniciaron 20,917 averiguaciones previas, ejercitando acción penal en 2,084 expedientes, por lo que se determinó enviar a consulta del no ejercicio de la acción penal y reserva de trámite 17,749.

La Subprocuraduría de Atención a la Mujer y al Menor integró 2,941 averiguaciones previas en 2012 y mediante su área de psicología atendió a 1,182 pacientes.

El procurador informó que se incrementó en 28 por ciento el estado de fuerza de la Policía Ministerial del Estado y se realizó la depuración de 12 agentes del ministerio público y 36 agentes de investigaciones de la Policía Ministerial.

Por otro lado, destacó el trabajo de capacitación y la creación de siete nuevas agencias del ministerio público.

Entre los retos inmediatos, dijo que se debe incrementar el estado de fuerza de la Procuraduría, dignificar los salarios y fortalecer su infraestructura, equipamiento y capacitación especializada sentando las bases del nuevo sistema penal.

Gamill Arreola sostuvo que la procuración de justicia en Baja California Sur se continuará ejerciendo sin distingos sociales, políticos ni de cualquier otra naturaleza.

Puntualizó que la política de la Procuraduría ha sido y será la de cumplir con su encomienda con estricto apego a la ley y los derechos humanos, por lo que a pregunta expresa de los diputados dijo que se ha respondido a todas las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

En el tema del arraigo de presuntos responsables de delitos graves dijo que se sujetará a las reformas hechas por el Congreso local recientemente y cumplirá con el mandato de los diputados en el tema de la casa de arraigo, aunque justificó su existencia y protección como medida de seguridad de los custodios y la propia sociedad.

Dijo que el presupuesto de la Procuraduría se ha incrementado en los últimos años, pero tiene muchas necesidades que atender al tener presencia en todo el estado y contar con casi 900 empleados, por lo que pidió a los legisladores que la sigan apoyando y la consideren como una prioridad.

El procurador dijo que en sus giras por el estado la principal queja de los ciudadanos es el delito de robo, por lo que las autoridades de los tres niveles de gobierno, legisladores, jueces y los ciudadanos deben trabajar de manera conjunta para combatir este problema, que es de todos, no sólo de policías y ladrones.

Anunció, asimismo, que presentará una iniciativa al Congreso local para regular los establecimientos que pudieran estar vinculados con el delito de robo como son las casas de empeño y “yonques”.

Expresó que los diputados locales aprobaron una ley el año pasado para regular las “chatarreras” ante el incremento de robo de cobre y otros metales, pero toca a los municipios vigilar ese tipo de establecimientos.

Puntualizó que hoy los ladrones roban para intoxicarse o se intoxican para robar, lo que deja en claro que este delito es también un problema de salud, así como de educación y empleo, rubros en los que se debe poner más atención.

Categorías: Ejecutivos BCS Mayo 2013

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