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Raymundo Leon V.

Noticias (BCS)

OPINION

Posted by Ejecutivos BCS on 16 Ee agosto Ee 2013 a las 11:35

Buenas noticias para La Paz


La reducción de las tarifas eléctricas y el anuncio formal para la construcción de tres importantes obras hídricas en el municipio de La Paz, compromisos firmados en campaña por el presidente Enrique Peña Nieto, hoy son motivo de festejo por parte de los priístas que, con ello, buscan posicionar al PRI como ejemplo del compromiso cumplido.

Qué bueno que hoy los priístas puedan presumir estas noticias y qué bueno para los habitantes de La Paz porque indudablemente atienden dos de sus demandas más sentidas: bajar el costo de los servicios de energía eléctrica y el abasto y tratamiento de agua potable.

Ambas noticias también han sido y serán utilizadas para la autopromoción de los políticos priístas locales, comenzando con la presidenta municipal de La Paz Esthela Ponce Beltrán y los senadores Ricardo Barroso e Isaías González Cuevas que hoy resaltan la parte que les corresponde en materia de gestión para que esos compromisos sean una realidad.

Hasta ahora parece que las buenas noticias favorecen principalmente a la alcaldesa de La Paz, pues están concentradas en este municipio, que además se verá favorecido con un programa de prevención del delito que forma parte de una estrategia nacional que incluye 57 municipios en todo el país.

En fin, el asunto es que estas buenas noticias nacieron politizadas y seguramente tendrán rentabilidad política para el PRI y los políticos priístas, aunque si de gestión se trata tampoco debe dejarse de lado que el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor también ha hecho lo suyo, manejando una buena relación institucional con el gobierno federal y reuniéndose con los funcionarios para darle seguimiento a estos compromisos.

Así que estas buenas noticias, hay que festejarlas, no hay por qué no hacerlo, pues más allá de que los partidos y los políticos se las adjudiquen, lo importante es que las obras y acciones se concreten, que los compromisos se cumplan, sobre todo porque son tantas las promesas incumplidas que la gente ha perdido la confianza en los gobernantes.

Hoy los priístas, pero también panistas, perredistas, petistas y los apartidistas, todos los que habitamos en La Paz tenemos motivo para estar contentos, pero tampoco hay que exagerar, pues los gobiernos y los políticos están obligados a cumplir con su función, con sus compromisos, pues para eso los elegimos, bueno, los que votamos ¿o no?

Peña Nieto está cumpliendo con los compromisos que firmó con los habitantes de La Paz, ahora sólo falta que le cumpla a todo el país, aunque no haya firmas, pues la pobreza, el desempleo, la inseguridad, la corrupción y la impunidad siguen siendo las noticias que prevalecen en México, y si no, ahí está el caso de Caro Quintero que acaba de ser excarcelado por “errores de procedimiento”. En este asunto, ¿quién quiere adjudicarse la noticia?


Extraña retractación

La retractación de dos de los tres testigos que señalaron a Daniel Sánchez Ávila como autor material del asesinato de Jonathan Hernández Ascencio pone en entredicho la actuación de las actuales autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado en este manoseado caso, pero también de los propios testigos que primero aseguraron una cosa y varios meses después lo niegan.

Este asesinato, enredado desde un principio por la falta de diligencia del entonces procurador Francisco Javier González Rubio por la presencia en el lugar de los hechos de varios junior´s, hijos y parientes de políticos y funcionarios, entre ellos, su propio sobrino, vuelve al debate, luego de que las actuales autoridades de la Procuraduría le dieron un giro de 360 grados a la investigación, liberando a los detenidos y retirando la orden de extradición en contra de Gary Gaines, amigo de los junior´s, quien huyó a Estados Unidos un día después del asesinato y quien es señalado como presunto autor material del crimen por el padre de Jonathan, Daniel Hernández. La nueva línea de investigación provocó el arraigo de Daniel Sánchez como presunto responsable del asesinato con base en los testimonios de quienes ahora se retractan.

Cabe mencionar que desde un principio este lamentable hecho fue politizado, pues ocurrió el 4 de marzo de 2010, un mes antes del quinto informe de gobierno de Narciso Agúndez Montaño. González Rubio fue destituido el 8 de marzo de ese año, sólo cuatro días después del crimen, por la presión ejercida por la familia de Jonathan Hernández a través de manifestaciones por la huida de Gary Gaines.

Para las actuales autoridades de la Procuraduría General de Justicia el caso del asesinato está resuelto con la detención de Daniel Sánchez, en tanto mantiene abierta una investigación en contra de ex funcionarios de la Procuraduría por la fabricación de culpables.

Sin embargo, Daniel Hernández insiste en recriminar la actuación de la Procuraduría, pero ahora con una dosis política al declarar que “yo he llevado esta guerra en contra del gobierno, ya sabemos por quién vamos a votar”, advirtiendo además que istas.

Entonces cabe la pregunta ¿cuál es la verdadera intención de Daniel Hernández? ¿encontrar al culpable del asesinato de su hijo? Que es un reclamo por demás válido, o ¿empañar la imagen del gobierno panista?

La retractación de dos de los tres testigos que señalaron a Daniel Sánchez también mueve a sospecha porque se da muchos meses después, inducidos tal vez porque la falsificación de declaraciones al parecer es un delito no grave, pero según los que saben, no en el caso de que esos testimonios inculpen a alguien sobre un asesinato a menos que hayan sido presionados por la autoridad, hecho que ya desmintió la Procuraduría al sostener que en la diligencia de confrontación no hubo tal presión ni coacción y los señalamientos se hicieron en presencia del propio abogado de Daniel Sánchez.

Ahora el proceso en contra de este último queda en manos de un juez, ante el cual los testigos tendrán que probar que fueron presionados, de lo contrario prevalecerán sus testimonios primeros, aun cuando hoy se retracten. Habrá que esperar el veredicto del juez.


Suspenden a empleados de la SCT

Y sigue la mata dando, dos empleados del centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Baja California Sur (SCT) fueron suspendidos temporalmente de sus cargos por calificar obras malas como buenas durante el periodo de Carlos Alberto Lascurain Ochoa. El Órgano de Interno de Control de la SCT, derivado de una denuncia anónima presentada el 26 de agosto del 2010 a través del portal del Sistema de Denuncias de la Secretaría de la Función Pública registrada con el número de expediente DE-0000112/2010, determinó en el mes de julio de 2013 sancionar administrativamente al residente general de conservación de carreteras Francisco Medina Blanco y al residente de obra Ricardo Enrique Yepiz con una suspensión de 30 y 60 días, respectivamente, sin goce de sueldo, por incumplir con sus obligaciones contenidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Ambos funcionarios encargados de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, así como de la aprobación de las estimaciones correspondientes al contrato de obra pública 9-C-CB-A-532-W-0-9 celebrado por el centro SCT de BCS y las empresas Solmex Ingeniería S. de R. L. de C. V. y Pavimentadora Tijuana S.A de C.V. , en 2009, estando como director general del centro SCT Carlos Lascurain Ochoa, autorizaron y por ende fueron pagadas estimaciones por trabajos que no reunían los requisitos mínimos de calidad y cantidad en 18 tramos, que en conjunto suman 34 kilómetros de la carretera Cabo San Lucas-La Paz, ya que la carpeta asfáltica de estos tramos fue aplicada por debajo de los cinco centímetros mínimos de grosor establecido en las bases de licitación, así como en las normas de calidad de la SCT. Los dos funcionarios autorizaron las estimaciones como si los trabajos hubieran sido realizados conforme al contrato, cuando en la realidad el grosor de la carpeta se hizo con un promedio de 2.5 a 4.3 centímetros, como se comprobó con estudios realizados por los laboratorios de la unidad de servicios técnicos del propio centro SCT de BCS.

Tal parece que el Órgano Interno de Control de la SCT no está dispuesta a pasar por alto irregularidades que se cometan o hayan sido cometidas en los centros SCT de toda la República, una tarea que debe aplaudirse porque al final los perjudicados somos los usuarios de las carreteras que estamos expuestos a accidentes por la mala calidad de las obras, mientras unos cuantos hacen negocios al margen de la ley, de las normas que en este caso tiene la SCT.

Ante esta sanción aplicada en julio, por una denuncia del 2009, habrá que esperar por parte del Órgano Interno de Control de la SCT el resolutivo en cuanto al ex administrador del centro de esta dependencia en BCS, Samuel Araiza, quien está implicado en una extraña relación con la empresa Camulocopa, cuya dueña es precisamente su hermana, al menos ante el notario público.

Como dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar Sammy.


Prevención del delito

La Paz es el único municipio de Baja California Sur que se vio beneficiado con el Programa Nacional para la Prevención del Delito implementado por la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, el cual contempla a 57 municipios de todo el país.

Se trata de poco más de 20 millones de pesos que serán aplicados en lo que resta del año en 15 proyectos, 10 propuestos y operados por el ayuntamiento de La Paz, cuatro por el gobierno del estado y uno por el gobierno federal.

Las razones por las cuales sólo La Paz será apoyada con este programa no quedan muy claras, pues se supone que es uno de los municipios junto con el estado más seguros del país, aunque índice de robos si es de preocupar. Otros hablan de gestión de la alcaldesa y unos más de sesgo político porque se trata de una capital de estado gobernada por el PRI.

Como sea que fuere, el dinero fue autorizado en este programa piloto que según explicó Rebeca Buenrostro, coordinadora del programa por parte del ayuntamiento paceño, para implementar acciones sociales, culturales, deportivas y recreativas, en 27 colonias de La Paz para inhibir las conductas delictivas.

No se trata de distraer recursos para equipamiento, capacitación y de otro tipo para fortalecer los cuerpos policiacos, sino de recursos adicionales para prevenir la delincuencia. Habrá que esperar resultados, pero francamente se ve difícil que se logre una meta de disminución de la incidencia delictiva del 30 por ciento de aquí a diciembre. Difícil cuando el problema de la delincuencia es multifactorial y no obedece a que los jóvenes no tienen nada que hacer, no, tiene que ver con el desempleo, la pobreza, la falta de atención en las familias a los hijos, los ninis, en fin, así que junto con este programa, pues hay que atender todos estos temas ¿no cree?.

Categorías: Ejecutivos BCS Julio 2013

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