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Raymundo Leon V.

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Deuda de 1,500 mdp agobia ayuntamientos de BCS

Posted by Ejecutivos BCS on 4 Ee agosto Ee 2011 a las 17:55

Raymundo León Verde

 

A casi tres meses de haberse instalado, los nuevos ayuntamientos de Baja California Sur mantienen como tema principal la aplicación de auditorías a sus antecesores y es que sólo por concepto de deuda pública recibieron una herencia global que supera los mil 500 millones de pesos.



 

Las nuevas autoridades además tienen que enfrentar nóminas abultadas, ingresos intervenidos por el pago de pasivos, exclusión de programas federales por omisión de pagos, obras inconclusas y desvío de recursos, y hasta demandas laborales de parte de ex funcionarios que les dejaron la casa tirada.

 

De acuerdo con el informe de la comisión revisora de la entrega recepción de la administración del municipio de La Paz se desprende que la deuda pública del ayuntamiento aumentó 20 por ciento durante el ejercicio de la perredista Rosa Delia Cota Montaño.

 

Según el documento que contó con el respaldo de un despacho externo, la actual administración priísta de La Paz recibió una deuda de 607 millones 897 mil 885 pesos, 48 millones 500 mil pesos más que los pasivos registrados en 2008.

 

El informe entregado al cabildo precisó que entre las principales inconsistencias sobresalen que la pasada administración registró un sobre ejercicio de 35 millones 854 mil pesos en el periodo enero-abril correspondiente al presupuesto autorizado de 2011.

 

Puntualizó que aunado a las inconsistencias administrativas se recibió una contingencia legal por 28 millones 454 mil 485 pesos de sentencias o laudos perdidos y otro por los 30 millones de pesos correspondiente a juicios y demandas en trámite en donde el ayuntamiento es la parte demandada.

 

Derivado de las irregularidades financieras detectadas, el Cabildo ordenó la realización de auditorías a las áreas de tesorería, oficialía mayor, catastro, desarrollo integral de la familia y agua potable.

 

La presidenta municipal Esthela de Jesús Ponce Beltrán señaló que sólo por concepto de deuda el ayuntamiento de La Paz paga entre 6 y 7 millones de pesos cada quincena, que representan el 50 por ciento de sus ingresos totales, mientras que el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) no tiene acceso al Programa de Devolución de Derechos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) por la omisión de pagos en la pasada administración y el desvío de recursos detectados entre 2003 y 2008.

 

Los desaseos en el OOMSAPAS, cuya deuda es de 312 millones 692 mil 981pesos –más de la mitad del total de pasivos del ayuntamiento-, llevaron a sus autoridades a presentar una denuncia de hechos ante el Ministerio Público del Fuero Común contra quien o quienes resulten responsables por el desvío de 20 millones 906 mil 716 pesos del programa citado durante los periodos de los ex alcaldes Víctor Manuel Guluarte Castro y Víctor Manuel Castro Cosío.

 

El director general del organismo, Germán Ruiz Padilla, precisó que la denuncia se deriva de las observaciones y recomendaciones de la Secretaría de la Función Pública, la cual detectó en 2009 el pago con 12 cheques expedidos entre 2003 y 2008 de derechos de extracción de agua a la CONAGUA por la cantidad señalada, lo cual es incorrecto porque ese dinero fue entregado por la propia dependencia federal para la realización de obras.

 

Explicó que según las reglas de operación del PRODDER el OOMSAPAS debe pagar una cuota anual a la CONAGUA por los derechos de extracción de agua, por lo que ese dinero es regresado al organismo municipal para que junto con otra cantidad igual ejecute obras específicas acordadas entre ambas dependencias.

 

Sin embargo, añadió, las autoridades municipales de las administraciones señaladas cometieron el error de utilizar las devoluciones en el pago de los derechos de extracción de agua, por lo que la CONAGUA sacó a La Paz del programa.

 

Ruiz Padilla mencionó que además la pasada administración omitió el pago de 30 millones de pesos por derechos de extracción de agua, por lo que desde hace tres años el sistema de agua potable local no recibe ningún recurso federal.

 

Puntualizó que la actual administración del OOMSAPAS pagó 10 millones de pesos por los derechos correspondientes a este año, pero ese dinero no será devuelto hasta que se destrabe el problema arrastrado, por lo que la Secretaría de la Función Público les recomendó como primer paso presentar la denuncia de hechos.

 

El contralor municipal, José Luis Taylor, señaló que las irregularidades cometidas entre 2003 y 2008 fueron conocidas por el gobierno de Rosa Delia Cota, pero no hizo nada, a pesar de que la Secretaría de la Función Pública también le hizo la observación.

 

Por su lado, el ayuntamiento de Mulegé dio a conocer que su deuda pública alcanza los 157.7 millones de pesos, lejos de los 128.8 millones reportados por la anterior administración en el proceso de entrega recepción.

 

Según los resultados de una auditoría externa aplicada a la administración de José Manuel Murillo Peralta en el periodo correspondiente del primero de enero de 2010 al 31 de marzo de 2011 las irregularidades detectadas fueron múltiples, por lo que el cabildo no aprobó la cuenta pública de abril pasado y en cambio acordó la presentación de una denuncia de hechos ante el ministerio público del fuero común contra el ex alcalde, la ex tesorera Santa Apodaca Peralta y otros ex funcionarios.

 

El cabildo manifestó su extrañeza por el gasto de 116 millones de pesos de enero a abril de 2011, es decir, más de la mitad del presupuesto anual.

 

De igual forma se detectó la inexistencia de recursos en el fondo fijo de caja, la falta de comprobación de 15 millones de pesos recibidos por funcionarios recaudadores, el pago de 6 millones de pesos por servicios no prestados, un saldo pendiente por comprobar de 11.5 millones de pesos por anticipos para obras y la venta de 931 terrenos municipales en 15 meses, en precios muy dispares, algunos de ellos en mil pesos.

 

De igual forma se detectó el pago de 2 millones 542 mil pesos a la ex tesorera municipal por un presunto préstamo, así como la expedición de dos pagos al ex presidente municipal, uno de 2 millones 240 mil pesos por gastos de representación y otro por 633 mil pesos sin ningún soporte.

 

El presidente municipal de Comondú, Venustiano Pérez, a su vez, señaló que la pasada administración le heredó un crédito por 67 millones de pesos para la construcción de obras que no aparecen por ningún lado.

 

Señaló además que el ayuntamiento comundeño corre el riesgo de quedar fuera de los programas federales Hábitat, Rescate de Espacios Públicos y de Vivienda durante el 2011 porque las acciones acordadas por la administración del ex alcalde Joel Villegas Ibarra se quedaron a medias.

 

Mencionó que en el proceso de entrega recepción se detectaron 25 millones de pesos en gastos por comprobar y en el colmo del cinismo, algunos ex regidores y ex funcionarios tuvieron el descaro de demandar al ayuntamiento por salarios atrasados cuando ellos fueron cómplices del saqueo.

 

Expuso que ante este desorden no le temblará la mano para presentar las denuncias penales contra los responsables, para lo cual esperará los resultados de las auditorías aplicadas por la Auditoría Superior de la Federación y el Organo de Fiscalización del Congreso del Estado.

 

El ex diputado local dijo que en lo particular no le quedan dudas de que en la pasada administración hubo corrupción, desvío de recursos y peculado porque no es posible aumentar la recaudación municipal en áreas como tránsito municipal de 140 mil pesos a un millón de pesos en un mes y en alcoholes de 36 mil pesos a 230 mil. “Eso quiere decir que se cobraba, pero el dinero no entraba a las arcas municipales”, señaló.

 

El tesorero del ayuntamiento de Loreto, Alberto Higuera Pandura, asimismo, reveló que la deuda pública de ese municipio asciende a 170 millones de pesos, entre los que se cuenta un crédito por 44 millones contratado por la administración del ex presidente municipal Yuan Yee Cunningham.

 

Expuso que la deuda es una verdadera loza para el nuevo gobierno, pues de los 5 millones de pesos que deberían recibirse por concepto de participaciones federales cada mes sólo llegan un millón y medio y es que lo demás es retenido por deudas con el ISSSTE, BANOBRAS y FONACOT, entre otras instituciones.

 

Según el alcalde priísta Jorge Alberto Avilés Pérez hay sobradas sospechas sobre el desvío de recursos federales que llegaban, pero no se aplicaban en las obras y acciones convenidas con SAGARPA y SEDESOL.

 

Sobre los resultados de la entrega recepción y la aplicación de auditorías en el ayuntamiento de Los Cabos poco ha trascendido, sin embargo, algunos regidores han señalado que la deuda alcanza los 500 millones de pesos, una cifra que sorprende si se toma en cuenta que hace seis años había un superávit de 100 millones de pesos.

 

Nóminas, problema toral

 

Si bien es cierto que la corrupción ha contribuido en gran medida al problema financiero que viven los ayuntamientos sudcalifornianos actualmente, también lo son sus excesivas nóminas y para muestra un botón.

 

De acuerdo con la revisión realizada por el ayuntamiento de La Paz, la plantilla laboral en los tres años de administración de Rosa Delia Cota Montaño pasó de mil 9 empleados de confianza a mil 773, derivado de una posible recategorización; en tanto que en nómina se comprobó un crecimiento del 16 por ciento que representan 7 millones 12 mil 487 pesos cada mes.

 

En Los Cabos regidores señalaron que en la administración de Oscar René Núñez Cosío la nómina aumentó entre 800 y mil trabajadores, lo que significó un gasto adicional de 5 millones de pesos al mes.

 

En Comondú, Venustiano Pérez señaló que en la administración de Ricardo Garza Espíritu se incorporaron 200 nuevos trabajadores al ayuntamiento y durante el periodo de Javier Gallo Reyna lo hizo un número igual.

 

Hoy el ayuntamiento comundeño con sus 830 trabajadores basificados, 300 de confianza (policías municipales) y 200 compensados sufre las consecuencias de una nómina abultada más por compromisos políticos que por una necesidad real del gobierno municipal. Lo mismo sucede con los otros cuatro ayuntamientos de Baja California Sur.

 

Para salir del bache financiero, la alcaldesa de La Paz, Esthela Ponce mencionó que tanto el ayuntamiento como el organismo operador de agua potable comenzaron con el pago de algunas deudas y la renegociación de otras a fin de diferir sus pagos a 10 ó 15 años y reducir el monto de los abonos.

 

Puntualizó que además en el Cabildo se analiza la posibilidad de contratar un crédito de 100 millones de pesos para resolver los problemas financieros de este año y fortalecer las áreas de recaudación municipal que le permitan al ayuntamiento acceder a más recursos de los programas federales.

 

Veremos si estas medidas y otras que implementarán el resto de los ayuntamientos son las adecuadas, pero una cosa es segura, sin el abatimiento de la corrupción, la transparencia en la aplicación de recursos y la reducción de la nómina los ayuntamientos están predestinados a seguir penando.

Categorías: Ejecutivos BCS Agosto 2011

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