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Raymundo Leon V.

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Megaproyectos turisticos depredan costas de BCS: CEMDA

Posted by Ejecutivos BCS on 11 Ee septiembre Ee 2011 a las 11:45

Son “gigantes con pies de barro”, señala el activista Agustín Bravo

 

Raymundo León Verde

 

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) señaló que los megaproyectos turísticos inmobiliarios autorizados por el gobierno federal del 2000 a la fecha en las costas de Baja California Sur son “gigantes con pies de barro”, que especulan con la tierra y depredan el ambiente.

 

El coordinador del CEMDA en la región noroeste de México, Agustín Bravo Gaxiola, dijo que tiene documentados 16 casos de megaproyectos en los municipios de La Paz, Los Cabos, Loreto y Mulegé que prometieron una inversión, en conjunto, de 18 mil 584 millones de dólares y no llevan ni el 30 por ciento de avance porque “no tienen solvencia económica”.

 



Explicó que son proyectos de más de cien hectáreas y una inversión anunciada superior a los 100 millones de dólares que obtuvieron autorizaciones para la construcción de hoteles, tiempos compartidos, casas para extranjeros con alto poder adquisitivo, marinas, campos de golf y desaladoras, y en su mayoría funcionan con un régimen de condominio, pero que a estas alturas están parados o a medias porque no tienen dinero para seguir.

 

Los proyectos analizados fueron en La Paz: Costa Baja, desarrollado por Promociones Turísticas AV, S.A. de C.V., de 219 hectáreas y una inversión calculada en mil 105 millones de dólares; Entre Mares, promovido por el Fideicomiso F/934 Deutche Bank México, de 390 hectáreas y una inversión de 903 millones de dólares; Paraíso del Mar, promovido por Desarrollos Punta La Paz S. de R.L. de C.V., de 505 hectáreas y una inversión de 733 millones de dólares; Azul de Cortés, desarrollado por Juandro Consultores S. de R.L. de C.V., de 752 hectáreas y una inversión de 500 millones de dólares; y El Saltito, promovido por Legato Investments Saltito I, S. de R.L. de C.V., de 709 hectáreas y 150 millones de dólares de inversión.

 

En Los Cabos: Cabo Cortés, desarrollado por GRE HANSA Investments, S. de R.L. de C.V., de 3 mil 800 hectáreas y una inversión de 2 mil 500 millones de dólares; Cabo Pacífica, promovido por Gram Armee del Cabo, S. de R.L. de C.V. (Pueblo Bonito), de 750 hectáreas y mil 422 millones de dólares; La Ribera, promovido por Desarrolladora La Ribera S. de R.L. de C.V., de 360 hectáreas y una inversión de mil 236 millones de dólares; Puerto Los Cabos, desarrollado por Marina La Playita, de 400 hectáreas y 930 millones de dólares; Vista Serena, promovido por Vista Serena S. de R.L. de C.V., de 605 hectáreas y una inversión de 923 millones de dólares; Chileno Bay, desarrollado por Chileno Bay Club, S. de R.L. de C.V., de 512 hectáreas y una inversión de 798 millones de dólares; Las Colinas del Puerto, promovido por Las Colinas Polo & Golf Resort S. de R.L. de C.V.; y Hacienda, desarrollado por Fideicom Turístico S/K Cabo San Lucas Holding F/014, de 10 hectáreas y una inversión de 330 millones de dólares.

 

En Loreto: Loreto Paraíso, promovido por Fadesamex, S.A. de C.V (FADESA), de 2 mil 990 hectáreas y una inversión de 5 mil millones de dólares; Riviera Loreto y Puerto Escondido, promovido por FONATUR, de mil 807 hectáreas y mil 608 millones de dólares de inversión; y en Mulegé se analizó el caso del proyecto SEMARAI, promovido por División Fiduciaria BANAMEX, de 537 hectáreas y 426 millones de dólares de inversión.

 

El listado no contempla los proyectos Bahía de los Sueños, Loreto Bay, Arena de las Ventanas ni Maravía porque no se consiguió información precisa, refiere el documento del CEMDA, con copia en poder del reportero.

 

“Podemos hacer una lista muy larga de todos los casos que llegan con los espejitos por delante, que dicen tenemos dinero y no es cierto”, dijo.

 

Al explicar el modelo especulador, el abogado ambientalista mencionó que inicia con la compra de tierras ejidales o de los pobladores a bajo costo; después las empresas consiguen los permisos, construyen la infraestructura básica y venden muy caro.

 

“Eso es lo que van hacer Cabo Cortés y Puerto Los Cabos, una venta de macro lotes, lo que ya no es negocio es la operación de los proyectos”, señaló.

 

Dijo que en los instrumentos de política ambiental, de impacto ambiental y cambio de uso de suelo forestal, siempre hay una ponderación entre los valores ambientales que se pierden frente al beneficio social y público como la generación de empleos, pero “descubrimos que ni la SEMARNAT ni las demás dependencias del sector ambiental y económico del gobierno le dan seguimiento a los proyectos”.

 

Señaló que es preocupante que la SEMARNAT no tenga conocimiento de lo que pasa con sus autorizaciones y cuál es el efecto acumulativo de todas ellas en el medio ambiente, por lo que las evaluaciones de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo se han convertido en meros trámites.

 

Puntualizó que son proyectos que no están pensados en ser sustentables en el tiempo y no hay mecanismos legales que los obliguen a serlo. Es decir, la SEMARNAT ante temas como la carencia de agua les pide una desaladora y los especuladores pueden prometer tres o cuatro porque al final de cuentas nadie los fiscaliza para que cumplan con ello o con las medidas de prevención y mitigación incluidas en las autorizaciones.

 

Manifestó que el riesgo de que proyectos como Loreto Bay o Paraíso del Mar se queden a medias es que las supuestas medidas de mitigación al ambiente ya no se aplicarían.

 

En México no existe un esquema para que los promotores de este tipo de proyectos respondan, pues aunque existe la figura de fianza o garantía para que cumplan con las medidas de prevención y mitigación ésta es discrecional y además la autoridad tiene que ponerse de acuerdo con el desarrollador para fijar el monto. La realidad es que este tipo de fideicomisos nunca se han creado, señaló.

 

Bravo Gaxiola admitió que la crisis económica internacional podría haber tenido repercusiones en el avance de los proyectos turísticos autorizados por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, pero eso mismo habla de la fragilidad financiera de los proyectos que deberían tener capacidad económica antes de ofertar públicamente sus productos e involucrar a las autoridades de los tres niveles de gobierno con el otorgamiento de permisos.

 

Por otro lado, el especialista en derecho ambiental señaló que junto a todos estos vicios legales coexiste el tráfico de influencias entre desarrolladores y autoridades y los casos de Puerto Los Cabos y Cabo Cortés son el mejor ejemplo de ello.

 

Mencionó que en el libro blanco de FONATUR sobre Puerto Los Cabos se dan a conocer los pormenores de la liga que hubo entre funcionarios de esta dependencia y la Secretaría de la Reforma Agraria para dejar en manos de un particular, Eduardo Sánchez Navarro, el negocio, mientras FONATUR terminó con números rojos.

 

Está claro el tránsito de documentación que hubo entre FONATUR y el promovente para convertir a un grupo de posesionarios de San José del Cabo en “invasores”.

 

En el caso de Cabo Cortés, mencionó que el tráfico de influencias involucra a 30 autoridades federales de la SEMARNAT, Economía y Proméxico para calificar esta inversión como seria, a pesar de los problemas financieros que sus promoventes tienen en España.

 

Bravo Gaxiola expresó que frente a todo lo anterior debe haber una reflexión colectiva sobre el modelo de desarrollo inmobiliario que se debe seguir en las zonas de alto valor ambiental, pues las áreas donde están Paraíso del Mar, Chileno Bay y Vista Serena pierden sus posibilidades económicas por las promesas incumplidas y la afectación al medio ambiente.

 

“Es un modelo depredador que no ha generado los frutos que prometía y si no habría que preguntarle a los miles de trabajadores del sur de México que se quedaron varados en Los Cabos hace dos años”, expresó.

 

El problema, señaló, es que las autoridades no entienden, pues FONATUR junto con el gobierno de La Paz acaba de elaborar un programa de desarrollo turístico para la capital sudcaliforniana que contempla la atracción de 1.7 millones de turistas anuales a partir del 2030, pero no toma en cuenta de dónde se va a obtener el agua.


“En México podemos vernos en el espejo de otros países porque este tipo de esquemas de aparente desarrollo son los que llevaron a España a acabar con sus litorales”, puntualizó.


Sobre las repercusiones en el medio ambiente de este tipo de modelo de desarrollo turístico manifestó que según la propia SEMARNAT, CONABIO y el INEGI ha habido un aumento de especies de flora y fauna que están amenazadas o en peligro de extinción.


De igual forma, el INEGI reportó que en los últimos años la depredación ambiental provocó pérdidas en el Producto Interno Bruto (PIB) del país y la SEMARNAT determinó que en Los Cabos hubo una fragmentación del hábitat, por lo que éste ya se perdió en términos de sustentabilidad.


Bravo Gaxiola dijo que las evaluaciones de impacto ambiental presentan fallas porque se hacen de forma fragmentada y una vez que se autorizan no hay seguimiento de la autoridad para exigir el cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación, pero además tampoco están funcionando los instrumentos ambientales de los gobiernos locales.


Señaló que en Baja California Sur sólo hay un ordenamiento ecológico que es el de Los Cabos, el cual debe actualizarse porque es de 1995, pero al menos impidió que se repitiera el modelo de Acapulco y sirvió para que el crecimiento inmobiliario turístico se limitara a 30 kilómetros sobre la línea de costa.


Los ordenamientos de La Paz y Loreto están en elaboración desde hace cinco años, el primero ya estaba listo en la administración pasada con la participación de un consultor experto, pero no pasó por la oposición de un grupo de desarrolladores que no quieren que existan reglas claras de operación, señaló.


Puntualizó que la preocupación del estado y del municipio de La Paz por el medio ambiente deja mucho que desear, pues su nivel de gestión se reduce a simples direcciones con bajo presupuesto y en el reciente Plan Municipal de Desarrollo de La Paz en el documento de 168 páginas el término ambiente sólo se repite treinta veces, no se menciona Balandra, sino el malecón y no se dice cómo se van a manejar los recursos naturales, aun cuando los instrumentos ambientales más importantes para el ordenamiento ecológico y urbano recaen en la responsabilidad del municipio.


Bravo Gaxiola coincidió con las voces que afirman que Baja California Sur tiene una vocación turística porque eso es innegable, pero consideró que lo que se debe debatir es el modelo de desarrollo turístico, que privilegia el turismo de alto poder adquisitivo, sobre el de masas.


Destacó que en un ecosistema muy frágil como el desierto sudcaliforniano se puede hacer compatible un desarrollo de bajo impacto con un turismo de alto nivel económico que lo que busca son espacios abiertos, joyas naturales y convivencia con la naturaleza y las poblaciones locales.


Dijo que es una lástima lo que pasa con la SEMARNAT en la actualidad, por lo que es necesario comenzar a construir un régimen legal más sólido de cara a la próxima administración federal.


Agustín Bravo puntualizó que la comunidad de investigadores y las autoridades han determinado que existen 56 sitios en el Golfo de California y la zona norte del Pacífico Mexicano catalogados como “las joyas de la corona”, lugares con una alta biodiversidad y riqueza ambiental que merecen una atención especial ante la posibilidad de que se vean impactados. Señaló que entre ellos destacan El Mogote, Cabo Pulmo y Balandra.


Respecto a la transparencia de las inversiones sobre los 16 proyectos inmobiliarios estudiados dijo que “es una caja negra”, y salvo que quieran divulgar esa información los desarrolladores no están obligados de forma legal. “Con excepciones, se trata de proyectos anónimos”, concluyó.

Categorías: Ejecutivos BCS Septiembre 2011

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